19 de julio de 2017
De la mano, literalmente, de la sumisa mayoría (a su servicio) que, en la Asamblea Legislativa integran perredistas coordinados por Leonel Luna y panistas controlados por el impresentable Jorge Romero, el gobierno capitalino parece empeñado en aprovechar la obligación de dar forma al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México para construir, en paralelo, algo muy parecido a un blindaje a la medida de quienes a partir de septiembre comenzarán a dejar sus actuales posiciones.
Y esto, no sólo por la comprensible premura con que se abocaron a sacar adelante el referido sistema sino, esencialmente, porque aún a riesgo de contravenir disposiciones de la promulgada, aunque no vigente aún nueva Carta Magna —la misma que el cuestionado Miguel Ángel Mancera no duda en presentar como uno de sus “grandes logros”— votaron por preservar para el jefe de Gobierno y/o para el propio legislativo capitalino facultades que, por mandato de la Constitución federal, deberían corresponder a órganos ciudadanos autónomos.
Hablamos, en esencia, de disposiciones avaladas mayoritariamente la noche del lunes en las que, por sólo citar algunos ejemplos, se sustrae del órgano ciudadano que, presumiblemente, debiera ser elegido por una Comisión de Selección (en beneficio del titular del gobierno y la Asamblea), la capacidad de nombrar al secretario técnico, pieza fundamental del Sistema Anticorrupción local en cuanto a que constituye una suerte de bizagra entre el Comité de Participación Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del mismo.
Ello, claro, amén de que acordar abrogarse la facultad de nombrar al contralor de la ciudad, los tres nuevos subcontralores y los titulares de la Contraloría Interna de las 16 demarcaciones, así como a los titulares de los demás órganos internos de control de todas las dependencias, organismos e instituciones de la administración pública local.
Igualmente, la designación del fiscal anticorrupción que, al margen aprobarlo a propuesta del jefe de Gobierno y no del Consejo Judicial Ciudadano y por mayoría simple, cuando la (nueva) Constitución marca que se debe avalar por dos terceras partes de la Asamblea, se le va a designar para un periodo de siete años, con lo que se anula toda intervención del (futuro) Congreso local por lo que, al menos, a sus dos primeras legislaturas se refiere.
A la vista entonces lo aprobado por la obsequiosa mayoría legislativa, nada impide especular —¿pensar mal?— sobre la eventual conformación de una suerte de blindaje, particularmente, por lo que refiere al fiscal anticorrupción y el secretario técnico del propio sistema, orientado a evitar problemas a quienes, a partir de septiembre insistamos, estarían pensando emprender el vuelo en pos de nuevas y, sin duda, mucho más ambiciosas y encumbradas posiciones.
La eventual promulgación de las reformas a cinco leyes y la emisión de seis mas relativas al asunto, vale destacar, se encuentran ahora sobre el escritorio del jefe de Gobierno capitalino. Pendientes entonces.
ASTERISCOS
* Duro revés al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, aunque de carácter sólo temporal, el diferimiento al 21 de septiembre, de la siguiente audiencia para definir la eventual extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington al país, desde la prisión de Florencia, Italia, donde se encuentra internado. Más, se afirma, cuando a juzgar por la posición asumida ayer que el exmandatario no se allanará a su traslado.
* Categórico y, sin duda, atinado reclamo el que, tras su mediática reunión con el sector educativo de Aurelio Nuño, hiciera la Unión Nacional de Padres de Familia, su presidente Consuelo Mendoza a gobernadores a que asuman un compromiso mucho más firme con la educación. Compromiso que, dijo, hasta hoy no se ve o no arroja resultados.
Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.
Twitter:@EnriqueArandaP