20 de agosto de 2017
Al margen del incuestionablemente elevado costo que, finalmente, tendrá para la población, para la economía familiar en especial, la decisión de la Suprema Corte de validar la demanda de amparo promovida por Telcel contra la disposición que le impedía cobrar a sus competidores (en el mercado de telefonía móvil) por el uso del último tramo de su red, lo verdaderamente grave del acuerdo adoptado en relación a la erróneamente llamada Tarifa cero (de interconexión) estriba en que, a decir de no pocos, cuestiona la supuesta autonomía y previsible respeto entre los poderes de la Unión.
Esto, no sólo porque el resolutivo pretenda ignorar la naturaleza de agente económico preponderante que, en razón de controlar algo más de 65% de su particular mercado, corresponde a la telefónica de Carlos Slim Helú sino, en esencia, porque contraviene e invalida una disposición —artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión— votada en su momento, y en uso de sus facultades por el Senado, en el marco de las llamadas reformas estructurales de inicio del actual sexenio.
Contraviene e invalida una disposición legislativa, adicionalmente, para dejar en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que encabeza el cuestionado castillejista Gabriel Contreras, la facultad de definir si aplica o no, y en qué monto, la referida tarifa de interconexión, cuya improcedencia, en su momento, fue (presumiblemente) utilizada como gancho para atraer a no pocos consorcios nacionales y extranjeros que, tras realizar inversiones multimillonarias en el sector refieren, desde el miércoles, de cómo “a mitad del camino, el gobierno modifica reglas…” que, presumiblemente, les había garantizado se mantendrían intocables.
Y todo apoyado en el supuesto de que el Legislativo invadió facultades del IFT al incluir en la Ley una disposición como la referida Tarifa cero, una medida asimétrica que correspondía sólo al primero y no al Senado que, por su parte, explicó que (el proyecto Laynez) estaba dejando de lado lo expuesto en el Cuarto Transitorio del decreto de reforma que, de manera puntual, especifica que “el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicio de radiodifusión y telecomunicaciones”.
Tan clara parece ser la percepción que sobre el punto mantiene la Cámara Alta que, incluso, desde la víspera de la sesión de la Corte en que se votó “con las conclusiones del proyecto que será discutido, se genera un riesgo adicional: el desdibujamiento del Congreso para legislar en materia de telecomunicaciones y radiodifusión” o, más aún, “de continuar con este enfoque, pronto nos encontraremos con que el Poder Legislativo, electo democráticamente, no tiene facultades para legislar en materias específicas o sobre sectores de la economía fundamentales para la promoción de un mejor desarrollo”.
Un diferendo éste que, si bien parece concluido, dará aún mucho de qué hablar…
ASTERISCOS
* Otro tema que, a contrapelo de lo que se piensa dará aún mucho de qué hablar, es el del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, sobre cuya responsabilidad, en la muerte de dos personas incluso, la SCT de Gerardo Ruiz Esparza sigue sumando detractores: senadores de todos los partidos que se dicen engañados por la dependencia, los más recientes. Se verán el martes…
* Concluidos los trabajos de la primera ronda de conversaciones orientadas a modernizar el Tratado de Libre Comercio, ayer, el titular de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal confirmó que el segundo encuentro será en la capital del país entre el primero, día del (Quinto) Informe presidencial y el 5 de septiembre próximos. Luego irán a Canadá…
Veámonos aquí mañana, con otro comentario De naturaleza política.
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