26 de abril de 2018
México.- El gobierno capitalino diseñó el acuerdo por el que se crea la Coordinación Estratégica para Fortalecer el Desarrollo Urbano Sustentable en la Ciudad de México, en el que participan distintas áreas administrativas bajo una misma línea.
Se trata de un instrumento de política pública para que el desarrollo inmobiliario y urbano se lleve a cabo de manera ordenada y que la aplicación de normas, trámites, permisos y avisos con los que deben cumplir todas las construcciones estén dentro de la legalidad.
El jefe de Gobierno sustituto de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, explicó que con ese mecanismo se espera hacer más eficiente la labor de la autoridad en la materia.
“Es decir, que se respete la norma, que se adopten las decisiones necesarias para hacer eficiente el funcionamiento administrativo, y que en caso de existir cualquier irregularidad se dé aviso, para que se pueda actuar en consecuencia”, refirió el funcionario local.
En la coordinación participan la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, las secretarías de Gobierno, del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda, de Movilidad, de Protección Civil, la Contraloría General, y el Sistema de Aguas de la capital.
También la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Instituto de Verificación Administrativa, y las 16 delegaciones, así como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).
Al frente está la Secretaría de Gobierno, que convocará a las mesas que correspondan, mientras que la PAOT construirá una plataforma con la información que proporcionan las autoridades involucradas, herramienta que servirá para la toma de decisiones.
El propósito de este acuerdo es generar certeza jurídica respecto de las obras y proyectos, a fin de proteger el medio ambiente y el desarrollo urbano mediante un esquema de trabajo entre los entes públicos encargados de determinar políticas, estrategias y acciones para el Desarrollo Urbano Sustentable.
Este acuerdo indica que todas las autorizaciones, especialmente las manifestaciones de impacto ambiental y de servicios que se deben obtener para cualquier construcción, sean conocidas y compartidas en todas las áreas.
Las instancias, de manera conjunta, emitirán un criterio que determine que la obra se puede llevar a cabo, y que deberá respetar elementos básicos, como plasmar un aviso, una manta en la que se especifique quién es, para qué es y cuál es la superficie que está en construcción, entre otras indicaciones.
Algunas atribuciones de esta coordinación son compartir información en tiempo real respecto a demoliciones y obras que inicien para que la acción institucional sea integral, colegiada y transparente.