30 Diciembre de 2018.
Bogotá.- El Acuerdo de Paz con las ex rebeldes FARC, a dos años de su firma tiene grandes retos y dificultados para avanzar en su implementación, pero cuenta con un amplio apoyo de la comunidad internacional, que expresa su preocupación por la ola de asesinatos de líderes sociales.
El gobierno anterior de Juan Manuel Santos firmo en noviembre del 2016 el Acuerdo Final de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que puso fin a 53 años de confrontación armada, que dejó cerca de 300 mil muertos, miles de desaparecidos y más de ocho millones de víctimas.
Con la llegada a la presidencia el pasado 7 de agosto de Ivan Duque, quien fue el candidato de la derecha durante las elecciones de mayo y junio del 2018, se tejió muchas dudas sobre el futuro de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC.
Esas dudas e incertidumbre frente al Acuerdo de Paz, se originaron por las propuestas durante la campaña electoral de Duque como candidato del partido de derecha Centro Democrático, en el sentido de revisar puntos esenciales del documento que garantizó la dejación de las armas y la conversión de las FARC en partido político.
Pero a dos años de la firma del Acuerdo de Paz y a cuatro meses del gobierno de Duque, el proceso de implementación de este pacto de paz y reconciliación, mantiene un amplio apoyo de la comunidad internacional como las Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, organizaciones sociales nacionales e internacionales y fuerzas políticas internas en Colombia.
El académico Fernando Giraldo, doctor en Ciencias Político y profesor titular de la Universidad del Norte, en entrevista con Notimex, consideró que el presidente Duque “no está suficientemente comprometido con el Acuerdo de Paz y su implementación”.
Según Giraldo el jefe de Estado tiene reticencias frente a varios aspectos del pacto de paz con las FARC, y a la vez está sometido a grandes presiones y controles de su partido el Centro Democrático, que lidera el ex mandatario Álvaro Uribe Vélez (2002- 2010), y el líder de los sectores de derecha que siguen cuestionando la forma y el contenido del Acuerdo Final.
El jefe de Estado “no va a poder hacer todo por su propia voluntad porque su partido lo tiene completamente cercado o limitado, Los referentes que tiene son muy estrechos y no tiene margen de maniobra”.
Giraldo recordó que el presidente Duque cuando era candidato para llegar a la Casa de Nariño, “había hecho el anuncio que el Acuerdo de Paz había que revisarlo”, pero ahora en estos cuatro meses de su mandato ha manifestado- en escenarios nacionales e internacionales- que “va respetar los acuerdos”.
El hecho que el jefe de Estado se haya comprometido con la comunidad internacional que va respetar el Acuerdo de Paz, es “bueno para el país y puede ser razonable que quiera hacer algunos ajustes para colocar su propia impronta” y en este sentido se aleja de sus posiciones cuando era candidato presidencial
“Lo que está diciendo el presidente Duque ante la comunidad internacional es que va cumplir básicamente los acuerdos, pero algunas cosas revisaran. Yo diría que él tiene buena voluntad y hay cierta disposición”.
Para Giraldo el cambio de posición de Duque frente al Acuerdo de Paz, es porque leyó correctamente la presión de organismos internacionales como las Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, que han apoyado la fase de negociación con las FARC, el Acuerdo Final y su implementación.
Pero también comprendió “el hecho que los colombianos no quieren que volvamos a la guerra. Un gran parte de los colombianos tienen esa ambigüedad y vacilación que quieren la paz a un costo cero, pero al mismo tiempo se han dado cuenta que se ha evitado varios miles de muertos y eso ha valido la pena”.
La declaración conjunta que hicieron el pasado 24 de noviembre, fecha del segundo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, los representantes especiales para Colombia de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, fue un espaldarazo de la comunidad internacional al sueño de los colombianos de cerrar el capítulo de la guerra.
Las Naciones Unidas y la Unión Europea destacaron “el inicio del tránsito a la vida civil de más de 13,000 miembros de las FARC-EP, incluyendo unos 3000 privados de libertad. La dejación y destrucción de unas nueve mil armas de todo calibre, de toneladas de explosivos y de decenas de miles de municiones”.
“La transformación de la organización guerrillera en partido político y su participación electoral y parlamentaria”, es uno de los aspectos más positivos del Acuerdo de Paz, según la declaración del representante especial de la ONU, Jean Arnault, y el enviado especial de la UE, Eamon Gilmore.
Durante los 24 meses transcurridos desde la firma del Acuerdo Final, se han dado acontecimientos de la mayor importancia como: El cese definitivo del fuego y de las hostilidades y con él, el descenso de indicadores de violencia importantes (…) La dejación y destrucción de unas nueve mil armas de todo calibre, de toneladas de explosivos y de decenas de miles de municiones”.
El impacto de estos eventos políticos “sobre la vida nacional no se hizo esperar: los procesos electorales parlamentario y presidencial, iniciados apenas cuatro meses después de la dejación de armas fueron los más pacíficos y participativos en décadas”.
Sin embargo, lo más preocupante para la comunidad internacional en esta fase de post-conflicto en Colombia, es el aumento de manera dramática el número de asesinatos, amenazas y actos de intimidación a defensores y defensoras de derechos humanos.
«Colombia está pasando la página de décadas de violencia armada, existe una responsabilidad colectiva e histórica de proteger a aquellos que dan su vida para la realización de los derechos humanos y la construcción de la paz», dijo Michel Forst, Relator especial de Naciones Unidas, durante su visita a Colombia en la primera semana de diciembre.
Dijo que el aumento de la violencia dirigida contra defensores y defensoras de los derechos humanos se está produciendo cuando la tasa general de homicidios se ha reducido en un 40 por ciento.
“En las áreas rurales, donde la ausencia del Estado se junta con una numerosa presencia de grupos armados organizados e ilegales, los defensores y defensoras son un blanco fácil para quienes ven en ellos y en su agenda de derechos humanos un obstáculo para sus intereses,” advirtió el relator.
Según el Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH), del Programa Somos Defensores, entre julio y septiembre del año 2018, 128 personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión en Colombia.
Dentro de los presuntos responsables de las 128 agresiones contabilizadas por el SIADDHH, en el tercer trimestre del año 2018, se registra “a los paramilitares con responsabilidad supuesta en 76 casos (59.3 por ciento), la Fuerza Pública en 6 casos (4.7), las guerrillas en 2 casos (1.6) y actores desconocidos en 44 casos (34.4)”.
De acuerdo con el informe de SIADDHH, “32 personas defensoras o líderes/lideresas sociales fueron asesinadas en el tercer trimestre de 2018, 14 más que en el mismo periodo en 2017 lo que representa un incremento del 120 por ciento en los casos”.
El informe de Amnistía Internacional 2017-2018, señaló que los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia, seguían siendo víctimas de amenazas y homicidios selectivos, a pesar del pacto de paz, con el principal grupo insurgente que estuvo activo por más de 53 años.
Fuente: Notimex.