22 Octubre de 2018.
Bruselas.- En Ginebra se celebró la semana pasada la cuarta sesión del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instancia que negocia un tratado internacional para juzgar a empresas que hayan cometido violaciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo.
«Aunque muchos Estados son conscientes de las asimetrías generadas por el actual modelo de globalización, otros siguen actuando para proteger intereses privados», dice Lola Sánchez, eurodiputada española, que asistió al encuentro en Ginebra.
Su crítica se centra en el aporte negativo que han hecho tanto la delegación de España, como la de la Unión Europea (UE).
«Es indignante que la UE siga entorpeciendo el proceso, que se considere, sin haber participado en los debates sobre el contenido, con derecho a aparecer el último día para declarar que las cosas se están haciendo mal; es decir, que las cosas no se están haciendo como las grandes empresas querrían», asegura Sánchez.
Un total de 80 delegaciones nacionales, más de 170 organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros actores hicieron durante esa semana en Ginebra sus aportaciones al primer borrador articulado del tratado.
En el Parlamento Europeo, a su vez, se había aprobado el pasado 4 de octubre una resolución pidiendo al ejecutivo comunitario que, en representación de los 27, apoye la creación de este tratado que acabaría con la impunidad de las transnacionales.
Poco antes del encuentro, un grupo de parlamentarias de 22 países lanzó en la Eurocámara, en Bruselas, un manifiesto, pidiendo apoyo para este tratado. De existir éste, tragedias como la causada por la nube tóxica en Bhopal, el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh, o la destrucción de la Amazonía en Ecuador no quedarían impunes.
Que la voz del Parlamento Europeo no haya sido tomada en cuenta en la posición que mantiene hasta ahora la delegación de la UE en Ginebra es, afirmó Sánchez, «una disfuncionalidad democrática».
Las discusiones sobre la creación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos comenzaron en 2014 con la aprobación de la Resolución 26/9 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), a pesar de los votos en contra de todos los Estados de la Unión Europea.
Por lo pronto, aparte de un primer borrador del tratado, se ha establecido una hoja de ruta hacia una nueva sesión de trabajo, en 2019, en la que, previsiblemente, continuará la negociación.
Fuente: Notimex.