31 Octubre de 2018.
Buenos Aires.- El gobierno argentino reavivó aquí un clima de xenofobia después de una represión en la que cuatro ciudadanos extranjeros fueron detenidos y acusados, sin pruebas, de haber provocado violencia en una manifestación, por lo que se promovió su inmediata deportación.
El pasado miércoles, miles de personas protestaron frente al Congreso contra el proyecto de presupuesto que debatía la Cámara de Diputados en medio de un clima de tensión política y social ante la grave crisis económica que padecen los argentinos.
Un grupo de radicales aventaron piedras a las fuerzas de Seguridad que custodiaban el palacio legislativo, hasta que los policías respondieron con una represión indiscriminada contra todos los manifestantes, incluso los que reclamaban en forma pacífica.
En la persecución, los efectivos detuvieron a Anil Baran, de Turquía; Luis Fretes, de Paraguay, y los hermanos Felipe y Víctor Puleo Artigas, de Venezuela.
Las autoridades hicieron énfasis en la condición de extranjeros de los cuatro acusados, y desde entonces en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las calles se acentuaron las posiciones xenófobas, racistas y discriminadoras contra ciudadanos de otros países.
Horas después de la represión, el senador opositor Miguel Ángel Pichetto advirtió que esperaba que “los cuatro extranjeros, los dos venezolanos, el paraguayo y el turco (que fueron detenidos) ya estén en el Departamento de Migraciones listos para la salida del país”.
Los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Seguridad, Patricia Bullrich, defendieron por su parte el violento accionar de la Policía que incluyó gases lacrimógenos, carros hidrantes y balas de goma y aseguraron que buscarían la expulsión exprés de los acusados.
“Esperamos un juicio abreviado para deportarlos lo antes posible”, dijo Frigerio, a pesar de que ninguno de los acusados tiene antecedentes penales en sus países y a que aquí no se les ha probado delito alguno.
Los cuatro extranjeros, quienes ya están en libertad a la espera de un proceso judicial en su contra, aseguraron que no participaban en la manifestación y que fueron detenidos de manera violenta y aleatoria varias cuadras alejadas de la protesta en el Congreso.
En respuesta a esta oleada xenófoba, Amnistía Internacional Argentina repudió todo tipo de declaración discriminatoria “con especial preocupación cuando proviene de funcionarios y legisladores nacionales”.
También alertó sobre los pedidos de deportación a personas por el solo hecho de ser migrantes, ya que la ley prohíbe cualquier tipo de expulsión sin una decisión judicial previa.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (que es una prestigiosa organización de derechos humanos), advirtió por su parte que las declaraciones del gobierno violan la regulación vigente y busca vincular la migración con la delincuencia.
Fuente: Notimex.