3 Febrero de 2021
México.- Hasta ochenta víctimas del escándalo de las ayudas a familias en Países Bajos presentaron este miércoles una denuncia contra el primer ministro en funciones, Mark Rutte, al que acusan de estar directamente involucrado en la toma de decisiones de la Agencia Tributaria desde al menos mayo de 2019.
Según el abogado de los este grupo de afectados, Vasco Groeneveld, Rutte estuvo al tanto de la magnitud del escándalo desde mayo de 2019, y participó en la toma de decisiones de las medidas que aplicaron las autoridades fiscales a más de 30,000 familias, a las que acusó erróneamente de fraude por las ayudas recibidas para el cuidado de sus hijos, exigiéndoles después devolver lo recibido, incluso si eso conducía a miles de padres a la ruina.
Rutte estaba al tanto de que los reclamos de las Autoridades Tributarias continuaron hasta noviembre de 2019 e incluso hasta la actualidad, añadió Groeneveld, que acusa a Rutte de saber que Hacienda estaba «violando la ley y no cumplía con las reglas». Además, de sospechar que alguien cometía un fraude, debería haberle dado la oportunidad de demostrar que no era así, antes de bloquear la ayuda o exigir la devolución del dinero.
«Rutte no intervino cuando mis clientes fueron perseguidos y robados oficialmente», dijo Groeneveld, que ya presentó una denuncia contra otros cinco funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro saliente de Finanzas, Wopke Hoekstra, el exministro de Asuntos Sociales Lodewijk Asscher, y el exsecretario de Estado de Hacienda Menno Snel.
La denuncia, que subraya que Rutte no aplicó ni exigió la aplicación de las leyes «de forma deliberada o por negligencia grave», está en manos del Fiscal General del Tribunal Supremo, que la enviará al Ministerio de Justicia para abrir un caso judicial contra los dos gabinetes liderados por Rutte entre 2012 y 2021.
Los padres también denunciaron con anterioridad a la Agencia Tributaria y a sus funcionarios, aunque la Fiscalía se negó a abrir una investigación penal contra esta institución y sus empleados porque considera que seguían las órdenes oficiales y no son responsables individuales.
En 2014, la abogada española Eva González Pérez, la primera en dar la voz de alarma, empezó a investigar las cartas que enviaba la Agencia Tributaria a los padres, en su mayoría de origen extranjero, en las que les acusaba sin pruebas de fraude, rechazando atender a las evidencias de los padres y exigiéndoles devolver el dinero que habían recibido durante años, a veces con multas adicionales, lo que aún tiene consecuencias en muchas familias.
El pasado mes, y tras un informe parlamentario que denunció la violación de los principios básicos del Estado de derecho, el Ejecutivo de Rutte dimitió en bloque para asumir responsabilidades, aunque nuevos detalles del escándalo siguen saliendo a la luz, lo que pone a Rutte en el ojo del huracán a mes y medio de las elecciones legislativas en las que pretende ser reelegido.