29 de junio de 2018
San Luis Río Colorado, Son..- La migrante hondureña Jimena Banegas manifestó que busca obtener asilo en los Estados Unidos, pero no quiere ser separada de su hijo que viaja con ella, por lo que está indecisa si cruzar de manera indocumentada.
Entrevistada en el exterior de la Casa del Migrante «La Divina Providencia» de esta frontera de Sonora, manifestó que «voy a Tijuana, para ver si nos pueden dar asilo, sólo que dicen que cuando pides asilo te separan de los niños».
Expresó que eso lo va a investigar antes de hacer el trámite en la aduana, y en caso de que sea cierto, entonces tratará de pasar de manera indocumentada.
Explicó que huyó de su país porque hay pandilleros que cometen delitos de asaltos, se meten a los domicilios, no respetan, es inseguro en Honduras, además de que hay mucho desempleo.
En este contexto, en un artículo de la revista digital «Portales», el investigador de El Colegio de Sonora, Ramiro Antonio López, reseñó que la separación familiar ha sido una constante como consecuencia de la aplicación de la ley migratoria de Estados Unidos.
Aunque en fechas recientes se ha convertido en una política deliberada que busca desalentar a la migración indocumentada, estimó.
Desde que el procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció la política de «tolerancia cero», el número de menores que han sido separados de sus padres ha detonado una crisis humanitaria en la frontera de Estados Unidos y México, opinó.
Por ello, el investigador comentó que más de dos mil 300 menores han sido separados de sus padres y enviados a albergues, la mayoría de ellos a miles de kilómetros de donde los progenitores están detenidos.
La política de «tolerancia cero» hacia la migración indocumentada se remonta al 2005 cuando se implementó la iniciativa Operation Streamline (OSL, aerodinamizar en español) en el sector fronterizo de Del Rio, Texas.
Ello con el propósito de poner fin a la práctica conocida como “catch and release” (atrapar y liberar), la cual consistía en que quienes eran detenidos al cruzar de manera irregular recibían una notificación.
Dicho documento era para que se presentaran ante un juez de migración en una fecha futura y enseguida eran puestos en libertad, pero muchos no regresaban a su cita, recordó.
A través de OSL se procesa penalmente de manera inmediata a quienes son detenidos por el delito de “entrada ilegal”, delito menor castigable hasta con 180 días de cárcel y la reincidencia es penada hasta con dos años de detención.
Antonio López mencionó que después de algunos años la iniciativa se enfocó en procesar sólo a los reincidentes, así que se abandonó su carácter inicial de «tolerancia cero».