29 de junio de 2018
Bogotá.- Fuerzas Militares y de la Policía de Colombia se encuentran tranquilas y satisfechas con la Ley de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y su reglamentación por parte del Congreso, que surgió en el marco del Acuerdo de Paz con la ex guerrilla de las FARC, informó el Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública “están tranquilos y satisfechos con los textos de los artículos aprobados por el órgano legislativo colombiano, a través de los cuales se creó y reglamentó la JEP”.
Con la Ley de procedimiento o reglamentación para la JEP, la Fuerza Pública cree que “se han sentado las bases legales para dotar de seguridad jurídica a los militares y policías acusados o condenados por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno”.
“Hemos logrado fijar las reglas para garantizar que la investigación y juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública se harán bajo el marco jurídico aplicable a una situación de conflicto armado como el colombiano, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y teniendo en cuenta las reglas de Derecho Operacional”, señaló el Ministerio de Defensa.
La ley garantiza, por un lado, “que las investigaciones en la JEP partan del principio de que el Estado tiene como fin esencial proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. Sus agentes, en particular, es decir los miembros de la Fuerza Pública, ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales”.
Además la Ley incluye también “la posibilidad de controvertir la decisión (de un juez) de revocar la libertad condicionada y anticipada, y la que resuelve la privación de la libertad en unidad militar o policial”.
Igualmente permite que el Ministerio de Defensa intervenga mediante concepto en el proceso para asegurar que se esté dando cumplimiento al principio de tratamiento diferenciado en algunos aspectos, simétrico en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo. Se establece igualmente que el contexto no puede ser usado como prueba, ni servirá para formular acusaciones o atribuir responsabilidades”.
Por su parte, el gobierno adquiere “el deber de reglamentar un programa para apoyar la formación integral, favorecer la reintegración social y facilitar el cumplimiento del régimen de condicionalidad de la JEP.
Con dicho programa se brindará acompañamiento y atención integral a los militares y policías que recuperen su libertad”.
La propuesta que surgió en el Congreso de crear una sala especial para los militares dentro de la JEP, el Ministerio de Defensa consideró que la Corte Constitucional es muy probable que lo declare inexequibilidad y de ninguna manera “tiene el efecto de congelar los procedimientos en la JEP”.
En la JEP hay más de dos mil “militares y policías que ya se han sometido, de los cuales más de mil 500 han recuperado la libertad como medida anticipada y transitoria”.
Los miembros de la Fuerza Pública “mantienen su statu quo, pues podrán continuar acogiéndose voluntariamente a la JEP, los que ya lo han hecho serán juzgados bajo los postulados del procedimiento aprobado y seguirán disfrutando de los beneficios ya otorgados o que se otorguen en virtud de la legislación de la Jurisdicción Especial”.
Quienes no se sometan voluntariamente a la JEP “esperando las inciertas reformas que puedan darse en los próximos 18 meses, continuarán siendo investigados y si fuere el caso, imputados, por la Fiscalía General de la Nación y juzgados por la Justicia Ordinaria sin posibilidad de acceder a los beneficios de la justicia transicional”.
“Hay tranquilidad y confianza en nuestros hombres”, afirmó el comandante de las Fuerza Militares, general Alberto José Mejía, mientras que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, destacó que “ha terminado con este código de procedimiento transicional, un proceso de construcción de la Justicia Especial”.
Villegas recordó que la JEP es el “corazón del proceso de paz y herramienta fundamental para la reconciliación, y para cumplir la promesa del presidente, Juan Manuel Santos, de buscar los máximos beneficios judiciales para los miembros de la Fuerza Pública”.
El Código de Procedimiento de la JEP “hoy está listo para sanción presidencial, y contiene normas que refuerzan aún más la seguridad de nuestros militares y policías y permiten el pleno funcionamiento de esa jurisdicción. “Cumplimos”, aseguró Villegas.