15 Enero 2022
México.- La reducción de cuatro mil 913 millones de pesos en su presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), las demandas penales contra consejeros electorales, las controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral y ahora la injerencia del gobierno federal para presentar un plan de austeridad para la revocación de mandato, violan la autonomía del Instituto, afirmó el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez.
Como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador recordó que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron un recorte de cuatro mil 913 millones de pesos, lo que impactó negativamente en la organización de la revocación de mandato.
Cuando el Consejo General del INE determinó que con los recursos existentes no se puede realizar de manera correcta y eficaz dicha consulta, acordó suspender los trabajos de organización mientras el Tribunal Electoral emitía una resolución que presentó el propio Instituto para allegarse de más recursos. En respuesta, el gobierno y legisladores de Morena iniciaron una estrategia de amago, amedrentamiento contra algunos de los consejeros electorales, acusó el legislador.
«Aun cuando existe una resolución del Tribunal Electoral que ordena a la Secretaría de Hacienda responder al INE sobre el presupuesto que requiere para organizar y ejecutar la consulta de revocación de mandato, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció un plan de austeridad elaborado por el gobierno federal para el Instituto, con el propósito de ahorrar dos mil 972 millones de pesos para realizar el ejercicio ciudadano», explicó.
Recordó que el artículo 41 fracción V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce al Instituto Nacional Electoral como organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene la función de organizar las elecciones federales, y en el ejercicio de esta función se rige bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Por otro lado, abundó, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 29, establece la relación del INE con el poder legislativo y los partidos políticos, así como su autonomía presupuestaria y de toma de decisiones para llevar a cabo su encomienda.
En consecuencia, Téllez Hernández afirmó que el gobierno federal violenta, con su propuesta de plan de austeridad, la autonomía del órgano electoral al proponer «respetuosamente» medidas de recortes a su presupuesto o decisiones presupuestales que a todas luces le corresponden únicamente al INE.
«Desde el recorte presupuestal, el INE solicitó mayores recursos para efectuar la revocación de mandato presidencial. La respuesta, una estrategia para amedrentar al Instituto a través de recursos legales y diversos medios para que se realice este instrumento de participación ciudadana, sin embargo, es importante señalar que dichas acciones y su plan de austeridad son un chaleco de fuerza para el INE, que no está obligado a hacer lo imposible si no hay presupuesto», destacó.