22 Marzo de 2021
México.- Las campañas hacia las elecciones del próximo 6 de junio no han iniciado formalmente en todo el país y ya suman 61 actores políticos asesinados, de los cuales 18 eran aspirantes a un cargo de elección popular, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política en México elaborado por la consultoría especializada Etellekt.
Ivonne Gallegos Carreño, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, asesinada el sábado pasado, es la víctima 18 en este proceso electoral que arrancó en septiembre de 2020.
Contendía en un proceso bajo un cúmulo de factores de riesgo que estalló en una agresión armada, sin que por ello contara con protección alguna.
Estos crímenes se cometieron en un momento previo a la definición final de las candidaturas, considerado por la consultoría como uno de los de mayor riesgo, junto con el tramo final de las campañas.
De acuerdo con Rubén Salazar, especialista en análisis político y de riesgo y director de la consultoría Etellekt, el proceso electoral de 2021 ya se considera como el segundo más violento de la historia, sólo por abajo del de 2018, cuando asesinaron a 48 aspirantes y candidatos.
Mayor riesgo
De los aspirantes asesinados, 14 contendían por una presidencia municipal y 66% lo hacían desde la oposición. Además, 15 eran originarios de estados del sureste del país.
De los 18 aspirantes asesinados, 7 son de Veracruz; cuatro de Guerrero; dos de Quintana Roo. Guanajuato, Chihuahua, Chiapas y Jalisco tienen uno, respectivamente. A ellos se sumó la víctima de Oaxaca. De estos, 15 eran hombres y tres mujeres.
Para el especialista, otros factores de riesgo que pueden enumerarse en los asesinatos de quienes buscan un puesto de elección son la presencia del narcotráfico, alta conflictividad social y política, marginación y ofertas de los propios aspirantes de combatir el crimen organizado o la corrupción.
Afirma que el modelo de protección presentado desde el gobierno federal parte de un diagnóstico errado que se basa sólo en el número de ejecutados, sin tomar en cuenta factores de riesgo como amenazas e intimidaciones, por lo que resulta «imposible brindar medidas cautelares de protección si no se sabe quiénes están en riesgo».