31 de enero de 2018
Si bien todo parece estar listo ya para que, como se anunció desde un primer momento, la llamada Caravana por la Dignidad, convocada por el siempre controversial Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, arribe a la capital del país este viernes, cada vez son más los que, igual al interior de Acción Nacional que del gobierno federal, consideran que el momento no será ya “ni el espectacular golpe político-electoral…” que algunos pronosticaron ni, menos, la ocasión idónea para exhibir el triunfo de la (necesarísima) lucha contra la corrupción y la impunidad.
Y esto, no porque el movimiento de protesta carezca de fundamento y/o haya perdido el atractivo e interés que despertó en un primer momento sino, fundamentalmente, porque ni al interior del blanquiazul, particularmente entre los pares del mandatario chihuahuense, ni al de sus actuales aliados de ocasión, el amarillo y el naranja-naranja, parece existir disposición para dar paso a la “gran movilización” en contra de los inaceptables flagelos ni, menos, para evidenciar cuestionamientos que sobre las causas originales que alentaron la convocatoria e inicio de la referida movilización. Porque hoy, mire usted, imputaciones tales como el (supuesto) uso faccioso por parte de Hacienda —político en el caso de la norteña entidad— del presupuesto que la federación debe entregar a los estados, “para castigar” a su gobierno por detener al priista Alejandro Gutiérrez como (presunto) responsable de un desvío por 250 millones de pesos a favor del tricolor, o por exigir la detención e inmediata deportación del exgobernador César Duarte Jaquez para que responda sobre una decena de imputaciones por corrupción, enriquecimiento público y desvío de fondos federales, se encuentran aún en litigio o no han sido debidamente probadas.
Ello, independientemente de que en razón de que las circunstancias y la forma en que se construyó el caso que aún hoy, aunque en niveles, ciertamente, menos importantes, mantiene confrontado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con la administración de Corral y sus aliados, el mismo fue leído más como un movimiento político-electoral que, en su momento, como una acción que, se pensó, podría haber dado paso a una verdadera “guerra” frontal y de fondo de los partidos políticos y algunas instancias sociales contra corrupción e impunidad que, insistamos, hoy más que nunca parece necesario vaya mucho más allá de lo que, hasta ahora, ha ido en el discurso de quienes aspiran a sentarse en el lugar del jefe del Ejecutivo y de algunas ONG, inclusive. Al tiempo pues.
ASTERISCOS
* En verdad es importante, habría que decir, la decisión de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de Alejandra Palacios de sancionar a tres firmas —Especialistas en Medios, Delfos y SVS— y media docena de personas a quienes confirmó se coludieron con una veintena de oficinas del gobierno federal en la realización de prácticas monopólicas absolutas, en el mercado de monitoreo de información difundida en medios de comunicación.
* Ahora sí que ¡aunque usted no lo crea!, nada parece que pueda evitar que la lista de aspirantes panistas por vía plurinominal al Senado incluya a personales tales como Josefina Vázquez, Gustavo Madero, (el gris-gris) Marko Cortés o Guillermo El Compadrito Anaya… ¡Los mejores perfiles!, diría el impresentable Jorge Romero que, para sí, reservó ya un lugar en San Lázaro, en la Comisión de Hacienda para ser más exactos.
* Significativo, por decir lo menos, la decisión de la Arquidiócesis Primada de México, de programar el relevo del cardenal Norberto Rivera Carrera por el también cardenal Carlos Aguiar Retes al frente de la misma, el próximo 5 de febrero, fecha en que amén cumplirse un año más de la expedición de la Carta Magna, la comunidad católica recuerda el martirio del primer santo mexicano, San Felipe de Jesús.
Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.