Viernes 15 de Mayo de 2020
Ahora sí que ¡aunque usted no lo crea!, como reza la popular expresión de Robert L. Ripley, el Congreso de Baja California —“de mayoría morena por supuesto— volvió a las andadas.
Volvió al camino de las maniobras “reeleccionistas” que antes recorrió la anterior legislatura y, vea usted, lo hizo cuando la atención de propios y extraños a nivel país, literal, estaba centrada en conocer la sentencia definitiva que, sobre la ilegal y antidemocrática Ley Bonilla que pretendió, sin lograrlo finalmente, ampliar de dos a cinco años el mandato del actual gobierno estatal.
El lunes, efectivamente, el Congreso bajacaliforniano aprobó cambios a la Ley Electoral con miras a aprobar la reelección de presidentes municipales, síndicos, regidores y, ¡claro!, legisladores locales tener que solicitar licencia a sus respectivas posiciones… algo que, como usted recordará, antes intentó hacer la mayoría morena en San Lázaro, sin conseguirlo.
Ahora en Mexicali, al igual que sus antecesores —mayoría panista entonces— en el caso de la repudiada legislación que pretendió ampliar el periodo de gobierno del impresentable Jaime Bonilla Valdez, los afines al lopezobradorismo maniobraron desde su cómoda posición de mayoría para acumular 18 votos a favor del dictamen citado, contra sólo seis —Eva María Vázquez y Loreto Quintero, del PAN; David Ruvalcaba, del PRI; Elí Topete, de MC; Gerardo López, del PRD, y Rodrigo Aníbal Otáñez, del local partido bajacaliforniano (PBC)— de la oposición.
Ayer, por cierto, vale destacar, el Congreso rechazó de nueva cuenta recibir una denuncia de juicio político contra los diputados miembros de la anterior y actual legislatura, la XXII y la XXIII, que aprobaron unos y avalaron otros, la Ley Bonilla, que, como citamos líneas arriba, fue ya rechazada de manera definitiva por la Suprema Corte por constituir, sentenció, “un auténtico fraude constitucional”.
ASTERISCOS
* Evidencia clara del agravamiento de la ruptura entre Ya sabemos quién y el empresariado, lo expuesto ayer por Carlos Salazar Lomelín, del CCE, cuando dice que si el gobierno federal no permite que el sector privado participe en la orientación y búsqueda de alternativas para solucionar la crisis económica causada por el covid-19, “lo haremos sólo con los gobiernos estatales”.
* Tras la escandalosa compra a sobreprecio de ventiladores al hijo de Manuel Bartlett, el obsequioso Zoé Robledo canceló ésta al descubrir que no cumplían requisitos. Que a nadie sorprenda si mañana la Función Pública cancela la investigación del caso por “falta de elementos”.
* Punto a favor de la priista sonorense Claudia Pavlovich, el acuerdo asumido con su par estadunidense de Arizona, Doug Ducey, de trabajar en conjunto y en especial coordinar acciones para que la ruta Phoenix-Puerto Peñasco sea no sólo segura, sino también una opción de intercambio para enfrentar el covid-19.
* Si bien a muchos pasó desapercibido, a no pocos en medios políticos sorprendió la decisión de Hacienda, a cargo del fantasmal Arturo Herrera, de otorgar al municipio quintanarroense de Cancún, de Mara Lezama, el primer lugar nacional por la transparencia y eficacia de su manejo presupuestal.
Veámonos el domingo, con otro asunto De naturaleza política.