Enrique Aranda: Fiscalía(s), un nuevo debate…

Si bien en un primer momento se pensó que la iniciativa presidencial orientada a prohibir el paso automático del actual titular de la Procuraduría General de la República a fiscal general de la nación, ayudaría a destrabar el diferendo que sobre el punto mantienen senadores del Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde por un lado, y del Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática por el otro, lo cierto es que la propuesta no hizo más que encender (aún más) los ánimos de las partes y, en el caso de los segundos, envalentonarlos—si así pudiera decirse— para ir a fondo en el rediseño institucional de lo aprobado en febrero de 2014.

Tal pudiera ser el impacto de la jugada que, en una innegable muestra de sensibilidad, realizó ayer el jefe del Ejecutivo que, incluso, la misma podría derivar en la revisión y reescritura de la reforma aprobada en febrero del 2014 y, luego, de la elaboración de sendas propuestas que en los hechos modificarían desde los requisitos de elegibilidad del Fiscal —“sin militancia partidista o desempeño de cargos de elección popular”, por ejemplo— hasta el periodo a cumplir que no sería ya de nueve años, como prevé la actual redacción, sino de sólo siete.

Ello, amén de dar paso a modificaciones de fondo para la elección de fiscalías especializadas —“tres en particular: la anticorrupción, la de delitos electorales y una más de derechos humanos”— dotadas de plena autonomía de gestión, con posibilidad de hacer valer sus resoluciones —“con dientes y capacidad de morder…”— así como de la infraestructura y presupuesto necesarios para cumplir con sus respectivos encargos, causales claras de remoción de sus titulares que imposibiliten el que, como ocurre ahora, el procurador pueda remover de manera unilateral a cualquiera de ellos.

Adicionalmente, insisten voces de la oposición que hoy se muestran dispuestas a ir hasta el final en el asunto, habría que dar forma a una inspectoría general con capacidad de vigilar la acción de las nuevas instancias y, ojo, de un Consejo Ciudadano orientado a dotar de credibilidad a las mismas, lo que no parece sencillo.

Hablamos, pues, de la inminente apertura de un proceso de revisión integral de lo que hasta la fecha se aprobó para, a la vista el agravamiento de las condiciones de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad prevalecientes a nivel país, se posibilite avanzar en un cambio que, efectivamente, dé paso al surgimiento de instituciones “a la medida de lo que la sociedad en general, ahora, está demandando” y no sólo a estructuras orientadas a “cambiar todo para que nada cambie”.

Diferir, pues, el debate en el pleno senatorial del tema no es, en sí mismo, la solución. Habrá que ir mucho más a fondo.

ASTERISCOS

* Se consolidan versiones según las cuales, a diferencia de lo que se “dice o quiere hacer creer…”, el exgobernador veracruzano con licencia y  prófugo de la justicia, Javier Duarte, se encuentra más cerca de Campeche, la entidad gobernada por el mouriñista Alejandro Alito Moreno, donde se afirma cuenta con amigos y socios, incluso, en los sectores público y privado que de Chiapas, la tierra del verde Manuel Velasco.  

* Todo listo en el interior de Acción Nacional para que el próximo 22 de enero, en estricto cumplimiento con su inicial plan de vuelo con destino final en Los Pinos, el simulador dirigente y aspirante (a la candidatura presidencial) Ricardo Anaya, se haga con el control del Consejo que definirá las normas y tiempos para elegir, “con dados cargados”, al abanderado… 

* No son pocos, por cierto, los que ante la inminente elección de quien habrá de encabezar al priismo en la puja por la sucesión de Eruviel Ávila en el Estado de México, vieron como una señal inequívoca de lo que viene…, la no inclusión de la senadora con licencia y actual titular de Educación estatal, Ana Lilia Herrera, en el nuevo Consejo Político del tricolor. 

Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.