Domingo 20 de Octubre de 2019
20 de Octubre de 2019
A la vista, la sucesión de hechos violentos que culminaron el jueves con la ocupación armada de Culiacán y su población entera por parte del narcotráfico, del Cártel de Sinaloa en concreto; nada parece más urgente en la actualidad que una reflexión seria y de cara al futuro que lleve al Estado (con mayúsculas), a asumir de manera plena su exclusiva responsabilidad de garantizar la paz y seguridad de la sociedad.
Reducir la reacción oficial ante el ridículo al que fueron expuestas las Fuerzas Armadas: Ejército, Marina, Guardia Civil y lo que ahora denominan “inteligencia” en la capital sinaloense –cuando, abrumados por el amenazante y avasallador operativo de los sucesores de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, debieron liberar a su hijo Ovidio Guzmán López– al reconocer que el operativo a realizar fue mal planeado o simplemente no se implementó de la manera adecuada, no basta… o no debiera bastar, pues de lo ocurrido hay responsables concretos, muchos, y una sola víctima: México.
Y esto, porque si bien es incuestionable que la adopción de la medida partió de la explicitada intención del Ejecutivo de evitar la afectación o pérdida de vidas de civiles, lo cierto es que lo ocurrido el jueves sienta un precedente en verdad grave que, desde ya, debería forzar y derivar en la inmediata revisión de la estrategia de seguridad del gobierno de la 4T, y la capacidad de los responsables de implementarla igualmente, para ajustarla en aquello que se considere necesario o en definitiva, en su cambio de raíz con miras a avanzar, ahora sí, con paso firme, hacia la propuesta de pacificar al país.
No hacerlo así, y actuar en consecuencia, implica tanto como enviar un mensaje de clara claudicación ante la delincuencia organizada y quienes, no de ahora, hay que reconocer, apuestan a controlar al Estado, a sus titulares, por la vía de la corrupción, o como parece estar ocurriendo con lo sucedido en Culiacán, a través del miedo, que en el caso de una autoridad dotada de la capacidad legal de recurrir al uso de la fuerza para garantizar la seguridad ciudadana acaba siendo corrupción.
Asumamos, pues, lo sucedido, pero al propio tiempo exijamos de los responsables: el secretario Luis Cresencio Sandoval, de Sedena; José Rafael Ojeda Durán, de Marina; Alfonso Durazo Montaño, de Seguridad Pública; el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y hasta el responsable del “Cisen reciclado”, Audomaro Martínez, la inmediata adopción de acciones que, más allá del discurso pacifista, aporten a la superación del creciente entorno de inseguridad y violencia que tiende a consolidarse a todo lo largo y ancho del país y, finalmente, posibilite la recuperación de la paz social necesaria para garantizar un entorno favorable al desarrollo nacional.
Menos de eso, insistamos, a la vista, la gravedad de los incidentes violentos ocurridos la última semana, simple y sencillamente no basta…
Asteriscos
*¡Vaya sólido espaldarazo!, el que, al desconocer toda representación dentro del equipo de futbol Cruz Azul y en la cooperativa del mismo nombre a personajes tales como Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, dio el dirigente de la Liga MX, Enrique Bonilla a Guillermo Álvarez, quien, se sabe, es el único y legítimo presidente de ambas instancias…
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.