Miércoles 06 de Mayo de 2020
En el peor momento de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia del coronavirus, el pleno de la Suprema Corte, que preside Arturo Zaldívar, deberá abordar y resolver, en sesión a celebrarse la próxima semana, la grave crisis suscitada por la ilegal y antidemocrática reforma aprobada por la anterior legislatura de Baja California con miras a ampliar de dos a cinco años el mandato del impresentable gobernador moreno Jaime Bonilla.
Será ésta, sin duda, una sesión histórica, la más importante del máximo tribunal en los últimos años. Y esto, no sólo por la naturaleza del asunto a resolver —la eventual ampliación de mandatos de gobierno al margen la realización de elecciones, algo, a todas luces, anticonstitucional—, sino, también, en razón de que, durante la misma, quedará acreditada, o no, la independencia de criterio y libertad de acción de tres de sus ministros —Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara— respecto de quienes, desde el gobierno, les impulsaron al cargo, amén la característica no presencial —“virtual”, pues— de la misma.
Huelga decir que sólo conocerse sobre la inminencia del dictamen del resolutivo elaborado por el ministro Fernando Franco, dio paso ya a una “guerra de poderes” que igual involucra a actores políticos y empresariales del ámbito federal —dirigentes de Morena y funcionarios del gobierno de la 4T, así como los principales liderazgos de la oposición partidista, entre otros— que a personajes a nivel local, donde a no pocos ha llamado la atención el cierre de filas de la “vieja guardia del priismo”, encabezada ahora, se entiende, por Amador Rodríguez Lozano y Fernando Castro Trenti, secretario de gobierno uno y representante en la capital el otro.
Más aun, dicen los que saben, el asunto ofrece una nueva oportunidad para valorar los alcances de Zaldívar frente a la Corte y la importancia que el pleno concede a la opinión de otros órganos, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de Felipe Fuentes, que, en opinión técnica elaborada a petición de parte, deja en claro que “la reforma impugnada resulta inconstitucional, ya que transgrede la prohibición constitucional prevista en el artículo 105 sobre los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio…”.
No es poco, pues, lo que, por la ambición de uno(s), está en juego…
ASTERISCOS
* ¡Vaya escepticismo el que generó la difusión de la especie de que será la Función Pública, de la cada vez más cuestionada Eréndira Sandoval, la instancia responsable de investigar supuestos actos de corrupción en la venta a sobreprecio de ventiladores respiratorios al IMSS de Hidalgo por parte de León Bartlett, hijo de uno de los consen de la 4T! ¿Apostamos al resultado?…
* Al igual que antes otras instancias, los municipios asumen ahora el reto de la reactivación. En Guadalupe (NL), la priista Cristina Díaz signó ya con empresarios inversiones por mil 495 millones de pesos en infraestructura, más 137 en obra pública, para crear empleos, en tanto que el ayuntamiento ofreció quitas de 70% por rezago en pago de impuestos y 100% en multas y recargos…
Veámonos el viernes con otro asunto De naturaleza política.
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