Miércoles 28 de Agosto de 2019
Colocado ante la disyuntiva de elegir entre la civilidad sustentada en el respeto a acuerdos y/o disposiciones reglamentarias y el avasallamiento del contrario, el partido-gobierno, Morena, parecería disponerse a asestar un nuevo golpe en contra del (aún) incipiente sistema democrático y, en la sede legislativa de San Lázaro, un paso adicional en lo que a ignorar y/o cancelar el Estado de derecho se refiere.
La sola pretensión de avanzar en su actual maniobra orientada a mantener bajo control la mesa directiva de la Cámara de Diputados y el usufructo de bienes materiales y/o políticos inherentes a ello o, entre otras cosas, satisfacer los afanes protagónicos de un personaje tan controversial como Porfirio Muñoz Ledo, aliado ahora a Dolores Padierna, la impresentable esposa de (René) El Señor de las Ligas Bejarano, mueve a pensar que la defensa de intereses particulares o de grupo rebasa ya, al interior del lopezobradorismo legislativo en este caso, toda previsión.
Más cuando se constata que en aras de consumar tal despojo, sus promotores se muestran dispuestos a sacrificar no sólo a su propio coordinador parlamentario y aspirante a dirigir ahora el partido que les agrupa, Mario Delgado, cuya oferta de respetar acuerdos signados al inicio de la Legislatura quedaría en entredicho, sino, incluso, la incipiente gobernabilidad y confianza entre fracciones existente en la cámara baja o, peor, a fortalecer el polo de resistencia al gobierno de la 4T y sus iniciativas formado por diputados del Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática (PRD) que, aun siendo minoría, evidencian de manera cotidiana una capacidad y experiencia que sólo por excepción exhiben morenos y afines.
A la vista lo anterior, no sobra destacar que a más de uno sorprende la absoluta inacción y desdén que ante la situación muestra Gobernación, la otrora importante secretaría responsable de la gobernabilidad interna y el diálogo entre las distintas fuerzas política que ahora, con Olga Sánchez Cordero a la cabeza, “ni ve ni oye ni habla”, como tampoco lo hacen otros.
Ayer, al margen y en previsión de que la asonada contra la civilidad y el respeto a la institucionalidad fracase en San Lázaro, la fracción blanquiazul que lidera Juan Carlos Romero Hicks definió que, de darse el caso, dividiría el periodo al frente de la Mesa entre Laura Rojas y Xavier Azuara –“seis meses cada uno”– en tanto que Alejandra García y Ricardo Villarreal se alternarían en la vicepresidencia que les corresponde.
Las próximas 72 horas serán claves en el asunto.