Viernes 28 de enero de 2022
A Alejandro Esponda Gaxiola (QEPD). Amigo
Creciente malestar ha generado en prácticamente todos los ámbitos de la comunicación, pública y privada, por cierto, la absurda decisión contra la libertad de expresión y de prensa que la pasada semana aprobó la Primera Sala de la otrora respetable Suprema Corte de Justicia de la Nación en un proceso que, si bien dice aportar a la defensa de los derechos humanos, amenaza con acabar con uno de los más importantes de ellos: el de libre acceso a la información oportuna, suficiente y veraz.
Promovida por el cuestionado ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en efecto, la polémica contrarreforma, que, en supuesta defensa de “los derechos de las audiencias” reactiva la obligatoriedad de la radio y la televisión de esclarecer la naturaleza informativa o de opinión de sus contenidos, en noticiarios de manera específica, y deja en manos de un regulador —“censor”— del gobierno la calificación del actuar de empresas y comunicadores, viene, se diría, “como anillo al dedo” a una administración cuyos muchos de sus actores apuestan a silenciar, o regular al menos, a los medios críticos.
Ello, obviamente, mereció la inmediata respuesta de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), de su presidente, José Antonio García Herrera, en particular que, amén de considerar “inoperante y ridícula” la referida resolución, dejó en claro el sesgo amenazante de la misma y, ahora sí que, como no queriendo, destacó la inexistencia de una legislación similar (al menos) a nivel internacional y, claro, advirtió que dará pasos orientados a tratar de frenar o revertir su aplicación.
Ayer, por su parte, la Asociación Internacional de Radiodifusión expresó su preocupación ante la sentencia del amparo en revisión 1031/2019, dictada por la Corte, destacando que “el fallo judicial evidencia un claro propósito intervencionista sobre el derecho de los periodistas, comunicadores y medios a ejercer plenamente la libertad de expresión, información y opinión”, además de que “desconoce el principio de autorregulación” y, de manera específica, recuerda el planteamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que “condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.
Más aun, la AIR refiere a lo señalado en el Encuentro de Radiodifusores ante las Nuevas Amenazas a la Libertad de Expresión, de 1992, en el sentido de que “ningún gobierno es el árbitro de la verdad. Esta función le compete al público, el cual, con su diaria elección, decide su apoyo o rechazo a los medios en función de la credibilidad que le merecen”.
El amenazante asunto, apostemos, tenderá a escalar…
ASTERISCOS
* Si bien para muchos pasó desapercibida la sola admisión por parte de la (tremenda) Corte del recurso interpuesto por la alianza Va por México contra el Presupuesto de Egresos 2022, lo cierto es que el hecho augura la apertura de un nuevo frente entre la oposición y la Federación, pues, entre otros muchos temas, contempla el cuestionado “recorte” al INE, que tanto ha dado de qué hablar…
Veámonos el domingo con otro asunto De naturaleza política.