7 de julio de 2017
Al mediodía del miércoles, vecinos de la cabecera municipal de Palmar de Bravo, en el denominado Triángulo Rojo poblano, atestiguaron, entre sorprendidos y resignados, cómo, finalmente, agentes de la Procuraduría General de la República, apoyados por activos de la Marina, cumplimentaron la orden de aprehensión girada por un juez federal en contra del alcalde Pablo Morales Ugalde, acusado de participar en la venta de combustible extraído de manera ilegal de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por los llamados huachicoleros.
No es ésta la primera ocasión en que el presidente municipal en funciones, influyente empresario gasolinero, al igual que sus hermanos, es señalado por sus supuestos vínculos con este tipo de ilícitos a cuyos autores en algún momento intentó justificar, asegurando que beneficiaban económicamente a los consumidores de la zona, amén de que apenas en junio —según la versión electrónica del diario Enfoque— él mismo habría retado a las autoridades a demostrar su vinculación con el robo (y/o venta) de combustible, recordando, incluso, que “el 18 de abril hubo un operativo en donde me registraron hasta por debajo de la lengua y no encontraron nada…”.
Versiones extraoficiales le acreditaban jactarse con frecuencia de que la Procuraduría General de la República “le hace los mandados…” y de evidenciar su confianza en la supuesta protección que gozaba, luego de que, en los pasados comicios a nivel local, decidiera abandonar las filas del Revolucionario Institucional (PRI) para integrarse al Pacto Social de Integración (PSI) que le postuló y que, en su momento, formó parte de la alianza que apoyó la candidatura del actual gobernador poblano.
Al margen, el caso resulta más que relevante en virtud de que, si bien, no pocas autoridades y el comando mismo de la petrolera estatal identifican con absoluta certeza a la región del llamado Triángulo Rojo, los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Esperanza y el propio Palmar de Bravo, en concreto, como una zona de alta incidencia de actividad de los llamados huachicoleros es hasta ahora, de manera puntual, que una autoridad federal, la Procuraduría General de la República (PGR), de Raúl Cervantes Andrade, en este caso, actúa de manera directa y puntual en contra de uno de los supuestos involucrados (poderosos)… nada menos y nada más que un alcalde en funciones.
ASTERISCOS
* Si bien a nadie debiera sorprender que cosas como ésta ocurran en México, lo cierto es que a no pocos llamó la atención cómo, sin más, un asunto de carácter técnico-financiero, cual es el litigio impulsado por América Móvil para intentar cobrar a sus competidores por la terminación de llamadas en su red, la llamada tarifa de interconexión o Tarifa Cero, se tornó político por la supuesta intromisión del Poder Judicial.
Ello, particularmente, después de que a merced de la presión de la compañía telefónica preponderante, el ministro Eduardo Medina Mora, de la Suprema (Tremenda) Corte, se afirma, intentara forzar, sin haber sido listado, que el asunto fuera votado el miércoles lo que, ante el fracaso, presumiblemente, volverán a intentar en la sesión del 12 de julio.
* Otra vez, en lo que, lamentablemente, parece ya no sorprender a nadie, un sacerdote católico fue atacado y privado de la vida. Esta vez, Luis López Villa, de 73 años, fue degollado al interior de la iglesia de San Isidro Labrador, en los Reyes la Paz del Estado de México, en el marco de un evento cuyo móvil no parece haber sido otro que el robo.
* Este domingo, Margarita Zavala, la más aventajada entre quienes aspiran a la candidatura presidencial del blanquiazul de cara al 2018, concluye gira por 45 localidades del país —18 mil kilómetros recorridos— en un acto masivo, otro, en el World Trade Center capitalino. Ahí, se prevé, anunciará nuevos recorridos.
Veámonos el domingo, con otro asunto De naturaleza política.
Twitter: @EnriqueArandaP