26 de julio de 2017
Inminente ya, en los hechos, el arranque de los trabajos de la XXII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, nada parece más evidente que si algo definirá el futuro inmediato del priismo, ello no es otra cosa que el método de selección de quien habrá de abanderarle de cara al 2018: la preservación de la facultad de elección y nominación de candidatos del Presidente o si, finalmente, el tricolor y su dirigencia de turno abrirán su proceso a la militancia.
Y todo, obvio, adicionalmente “o al margen, si se quiere…” a que quienes sean considerados y/o compitan entre sí por la nominación a la candidatura presidencial sean o no, en la actualidad, militantes en activo o simples “ciudadanos simpatizantes” del aún hoy partido-gobierno.
Ello, al menos, es lo que destaca en el documento que, avalado por asistentes a cuando menos 17 asambleas estatales auspiciadas por la corriente “Alianza Generacional” del exdiputado José Ramón Martel, la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco y el diputado capitalino José Encarnación Alfaro, entre otros, se entregó al Comité Ejecutivo Nacional priista y en el que, entre otras cosas, queda más que clara la propuesta de que “la Asamblea acuerde que el procedimiento de postulación del candidato o candidata a la Presidencia de la República sea el de elección directa en la modalidad de consulta a militantes y simpatizantes” que contemplan los Estatutos, al margen mantener la posibilidad de (que los interesados avancen en) “la construcción de consensos en torno a la posibilidad de una candidatura de unidad” que, en caso de existir, ganaría legitimidad, en caso de ser sometida al escrutinio de la militancia.
También, los llamados políticos de café plantean “que se regule la figura de candidatos ciudadanos simpatizantes, o externos, para que su participación se desarrolle en el cosntexto de los procedimientos internos estatutarios, para evitar que se interprete el Estatuto en el sentido de que un ciudadano simpatizante puede ser candidato sin necesidad de (someterse a la) competencia interna con otros militantes que aspiren al mismo cargo de elección popular”, particularmente el que refiere a la primera magistratura.
Tales planteamientos, huelga destacar, se contraponen abiertamente con los que, amparados en la existencia de disposiciones estatutarias que reservan para el jefe del Ejecutivo, el presidente Enrique Peña Nieto en cuanto que primer priista del país, la exclusiva e inapelable decisión de ser él, y los suyos se entiende, quienes determinen a
quien buscará sucederle… así como a los aspirantes a gubernaturas, alcaldías, posiciones legislativas a nivel federal y local.
Apertura pues, que igual incluye reformas estatutarias que tocan al método de selección que a la definición de normas éticas y políticas nuevas, contra la preservación del statu quo que, si bien en muchas ocasiones ha rendido frutos al tricolor, no parece ser la mejor opción a su alcance.
ASTERISCOS
* Menudo problema en el que podría estar implicado el Instituto Nacional Electoral si se confirma que, en la evaluación de gastos de campaña realizadas en la pasada elección y la elaboración del dictamen de rebase por parte de Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional, en Coahuila, los consejeros Ciro Murayama y Benito Nacif aplicaron, ilegalmente, artículos de un reglamento que jamás fueron publicados en el Diario Oficial, lo que les haría inválidos.
* Evidencia clara de que, a contrapelo de lo que asegura el cuestionado Miguel Ángel Mancera —¡con cárteles reconocidos o sin ellos, pues!”— la inseguridad y violencia alcanzaron ya a la capital del país, el cobarde atentado que en contra de las instalaciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en horas de la madrugada, realizaron personas movidas por el odio contra la Iglesia. ¿Ahora sí se investigará en serio?
Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.
Twitter: @EnriqueArandaP