9 de noviembre de 2017
Caracas.- La ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente amenaza con acorralar a la oposición venezolana, cerrar medios de comunicación e ilegalizar partidos políticos, consideraron analistas y grupos civiles.
“Las sanciones de privación de libertad deben restringirse para los discursos con una probabilidad inminente, expresa, directa y comprobada de causar actos de violencia. Otro tipo de discursos debe someterse a sanciones de menor categoría”, resaltó Espacio Público en un análisis sobre la ley.
La ONG indicó que, de acuerdo con los estándares del Sistema Universal de Derechos Humanos, un discurso debe ser analizado antes de catalogársele como apología de odio.
Espacio Público resaltó que deben considerarse varios aspectos, pero fundamentalmente la intención que tenga el transmisor del mensaje y su alcance real.
“La paz a partir del discurso debe construirse, no se decreta. Una ley no puede sustituir el juicio de la sociedad fomentando la censura. La Ley constitucional contra el odio es un grave síntoma dado el contexto de represalia contra sectores disidentes”, indicó la ONG en su cuenta de Twitter.
El grupo advirtió que la ley promoverá la censura, la autocensura y la criminalización de la oposición.
El artículo 14 prohíbe la difusión de mensajes en las redes sociales o medios electrónicos y digitales, que llamen a la guerra o inciten al odio. Exige a los administradores de esos medios tomar medidas para no contravenir este artículo y a eliminar mensajes que lo violen.
La ley señala que “los partidos políticos que promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio no podrán ser inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Además se revocarán las inscripciones a aquellos que incumplan la presente disposición”.
La Asamblea Nacional Constituyente también aprobó 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover “delitos de odio”.
«Quien públicamente (…) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (…) será sancionado con prisión de 10 a 20 años», establece el artículo 20 de la citada ley.
Para los medios de comunicación, la ley estipula que será sancionado el prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que “constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza”
El abogado Constitucionalista, Juan Carlos Apitz, hizo referencia al tema de la “Ley contra el odio” que debatió y aprobó la ANC, y advirtió que ésta sólo “cercenará de una manera más aguda” la libertad de expresión en Venezuela.
Apitz, durante una entrevista en el programa “Con Todo y Penzini” transmitido por Globovisión, agregó que esta ley también serviría “para perseguir a la disidencia política” en este caso a la alianza de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Asimismo calificó de “inexplicable” este debate de la ANC y explicó que el único deber del órgano Constituyente es “redactar una nueva Constitución y no legislar”.
“La competencia para legislar la sigue teniendo la Asamblea Nacional (AN) que escogimos los venezolanos en el 2015”, enfatizó.
La coordinadora del partido Vente Venezuela, Maria Corina Machado, durante un encuentro con los ciudadanos en el estado Vargas, hizo referencia a la «Ley Contra el Odio» la que calificó de «cínica».
Machado expresó que a pesar de esta medida tomada por el órgano Constituyente «no los van a callar» y resaltó que «no les tienen miedo».
También habló sobre el apoyo internacional que tiene la oposición venezolana, al recordar que «el mundo nos acompaña» y llamó a «reagruparse», tras la división interna que hay actualmente en la MUD.
Por su parte Jorge “Tuto” Quiroga, ex presidente de Bolivia, rechazó la “ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” aprobada este miércoles 8 de noviembre por la ANC.
El ex mandatario expresó que con esta medida el régimen de Nicolás Maduro pretende justificar la persecución a los líderes de la oposición, amordazar a la prensa y silenciar las redes sociales.