29 de septiembre de 2017
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, cumple más de un mes alejado de la prensa y de amplios sectores inconformes con su gestión, en medio de escándalos de corrupción e investigaciones a cargo de una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En pugna con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), encabezada por el colombiano Iván Velásquez, el mandatario se aisló de los medios y suspendió comparecencias públicas en la capital desde el 18 de agosto pasado.
El rechazo oficial ante las investigaciones sobre corrupción que involucran a Morales, así como al hijo y hermano del presidente y a otros políticos, se agudizó el domingo 27 de agosto.
Ese día a las 06:00 horas locales, luego de retornar de un viaje a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, -que coincidió con un pedido del Ministerio Público (MP) de desafuero del presidente-, Morales declaró no grato a Velásquez y ordenó su inmediata expulsión del país.
La decisión presidencial fue frustrada por un fallo del máximo tribunal de Guatemala que frenó la expulsión del titular de la CICIG, acusado por Morales de interferir en asuntos internos del país. Velásquez, jefe de la CICIG, en Guatemala desde 2014, ratificó el martes pasado su compromiso de continuar “sin claudicar” en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El Ministerio Público y la CICIG pidieron un antejuicio -retiro de la inmunidad- contra Morales para continuar la investigación en relación con un delito electoral en los comicios de 2015. Protegido por diputados oficialistas y afines, Morales libró el antejuicio ante la imposibilidad de que se consiguieran 105 votos de un total de 158 diputados.
Los diputados además de negar el antejuicio decretaron en tiempo récord -de “urgencia nacional- dos controversiales reformas relacionadas con el Código Penal y el financiamiento electoral ilícito.
Según analistas y juristas, las dos reformas aprobadas por los diputados “blindaban” al mandatario y a dirigentes políticos por delitos electorales, pero también permitían conmutar penas de cárcel de hasta 10 años a delincuentes como secuestradores y extorsionistas. Las dos reformas causaron la indignación popular.
Tras la presión de las manifestaciones ciudadanas, los diputados dieron marcha atrás y derogaron las disposiciones en una sesión especial realizada el 15 de septiembre, Día de la Independencia de Guatemala.
En las protestas y marchas ciudadanas, en especial la del 20 de septiembre, la más concurrida y agresiva, se exigió la renuncia del presidente Morales.
El mandatario, por su alejamiento de los medios y de la oposición, ha recurrido a las redes sociales del gobierno para anunciar la expulsión de Velásquez, referirse a las dos polémicas reformas de los diputados y tratar otros temas de la crisis.
El excanciller y exvicepresidente Eduardo Stein, en cuyo gobierno (2004-2008) se gestionó y se logró la instalación en Guatemala de la CICIG, criticó al presidente Morales por no comparecer ante los medios y ausentarse de actividades públicas.
Stein aseveró que Morales debería enfrentar la situación, “dar la cara”, para buscar una solución a la crisis política que vive el país por la disputa con la CICIG y las investigaciones de corrupción y la impunidad.
La CICIG y el MP presentaron el miércoles pasado un nuevo pedido de antejuicio para retirar la inmunidad al presidente, quien asumió el 14 de enero de 2016 para un mandato de cuatro años.
La investigación tiene que ver con un “bono de riesgo” que Morales cobró de manera ilegal durante nueve meses, desde diciembre pasado, por un total de 450 mil quetzales (63 mil dólares), pagado por el Ejército como parte del presupuesto de las Fuerzas Armadas.
El nuevo escándalo con tintes de corrupción surgió en medio del furibundo rechazo de los guatemaltecos a los diputados por impulsar las dos reformas que protegerían al presidente y a los políticos deshonestos.
El nuevo intento del MP y la CICIG de retirarle la inmunidad presidencial para investigarlo tal vez no prospere, por lo difícil que es conseguir los 105 votos del Congreso unicameral, pero las protestas y la mala imagen presidencial al parecer van en aumento y no se ven soluciones en puerta a la crisis.