9 de agosto de 2017
México.- En la actualidad, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene abiertas dos mil 500 carpetas de investigación por delitos electorales en todo el país, informó su titular Santiago Nieto Castillo.
En entrevista, dijo que solo para el proceso electoral del Estado de México, de septiembre de 2016 al día de la jornada electoral en junio de este año, se acumularon 306 carpetas de investigación con motivo de posibles delitos electorales.
Comentó que en esa entidad los temas centrales son turismo electoral, cuestiones relacionadas con el supuesto financiamiento ilícito a las campañas, desvío de recursos de la Federación a estados y municipios, la retención de salarios de trabajadores y vinculación con empresas.
«Estamos desarrollando la investigación, por lo que no puedo dar mayores datos al respecto, pero si mandar un mensaje claro de que hay un proceso de acercamiento con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)».
Lo anterior, explicó el funcionario, en virtud de que los temas de los delitos electorales hoy pasan, en gran medida, por el financiamiento ilícito a las campañas y por lo tanto son actos de corrupción.
Por ello, hay que decirlo muy claro, la corrupción empieza en campañas con los delitos electorales y es vital para el sistema democrático mexicano que haya una relación indisoluble y cercana entre el Sistema Nacional Anticorrupción y la Fepade.
Cuestionado acerca de si hay una fecha límite para desahogar las denuncias pendientes, Nieto Castillo indicó que cada caso es distinto, por lo que dependerá de que la Fiscalía Electoral integre la investigación.
Por otra parte, aclaró que hasta el momento no se ha ejercido acción penal en contra de la exdiputada veracruzana Eva Cadena, ya que hace poco se pidió a la Fiscalía General del Estado que remitiera el expediente y lo hizo hace una semana y media.
Sin embargo, indicó que faltaba un documento de incompetencia que tenía que integrarse para que se pudiera ejercer la acción penal, «paso que para nosotros era muy importante».
Lo anterior, explicó, porque el hecho de que se estuviera persiguiendo a Eva Cadena a nivel federal y local implicaba que ella pudiera defenderse ante los jueces señalando que se violaba un principio contenido en la Constitución.