1º de agosto de 2018
México.- El coordinador general Académico de la Escuela de Doctorado en Derecho Penal Comparado del Instituto Max Planck, Jan-Michael Simon, destacó que no existe un tipo único de estrategias o camisas de fuerza para enfrentar la impunidad y la corrupción.
En el marco del foro “Lucha anticorrupción: La experiencia internacional”, el también académico de la Universidad Alberto Ludovico, de Friburgo, Alemania, dijo que el éxito de las acciones, dependen de la voluntad del Estado que solicita la ayuda para que investigue, juzgue y sancione esos delitos.
Además de la fuerza de la sociedad civil para hacer propuestas sobre su diseño y del apoyo de la comunidad internacional para auxiliar a sortear los desafíos que una nación enfrenta por la impunidad, a fin de que los funcionarios y el aparato de justicia realmente actúen.
En ese contexto, el experto se pronunció por la necesidad de “establecer dientes afilados”, a la misión internacional contra la impunidad para cooperar y colaborar en las acciones que garanticen un estado de Derecho, a través de fortalecer la posición de los funcionarios, de la sociedad y organizaciones civiles que buscan equilibrar el poder y contrarrestar esos fenómenos.
Consideró que “el panorama es poco esperanzador, porque no es una ficción, ya que las causas estructurales de la corrupción son múltiples y la sanción penal no es lo plus ultra para resolverla. Por ello, el sistema penal juega un rol esencial para que nadie se encuentre por encima de la ley”.
En tanto, la coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, mencionó que la corrupción sistémica es concebida debido a que las instituciones trabajan a su favor, es decir, las leyes, los reglamentos y la normativa “abren los espacios necesarios para que esta práctica sea permanente”.
Advirtió que de no atender el diseño y la fortaleza de las instituciones no se podrá terminar con la impunidad; combatirla en el país requiere implementar estrategias que caminen paralelamente al desarrollo de la gobernanza y para ello es fundamental la participación ciudadana.
Expuso que México se caracteriza por tener un sistema presupuestario de contratación pública discrecional, convirtiendo a este rubro en “la joya de la corona”; por ello, es fundamental definir límites a esta tarea, como actualizar la ley en la materia, ya que no contiene las prácticas internacionales para cerrar los espacios al mal manejo de la contratación de servicios.
Asimismo, propuso que en la segunda fase de discusión del Sistema Nacional Anticorrupción se aborde la contratación pública, desde una perspectiva que incorpore procesos que fomenten la competencia, la profesionalización del servicio público y el uso de la tecnología que garantice la fiscalización y evite el desvío de los recursos públicos.
De la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el comisionado Iván Velásquez Gómez, subrayó que el diseño de este mecanismo garantiza la actividad humana de quien ostenta la titularidad de la acción penal en el país; es decir, no sustituye a autoridades nacionales, sino contribuye con la fiscalía general en la investigación de estructuras criminales.
Enfatizó que la independencia de la CICIG contribuye en la consolidación o el proceso de formación de un verdadero Estado de derecho, pues carece de vínculos e intereses con actores nacionales y sólo se guía por los elementos probatorios recaudados en una investigación.
Al clausurar el foro, la presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, la diputada Claudia Corichi García, destacó que la cultura de la legalidad es la aspiración de todos los pueblos y, para ello, es fundamental combatir la impunidad y la corrupción.
Se congratuló por los aportes de los ponentes y resaltó que una coincidencia es cerrar la discrecionalidad en el sector público en el tema de las reformas al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obra Pública, así como el tema de dinero público en las campañas.
Además, destacó la labor de la ASF en su función para combatir la opacidad e hizo ver la importancia de las reformas en el Poder Judicial, no solamente en América Latina sino en México, es decir, “la necesidad de un ente que actúe de manera pronta, expedita y con independencia”.