7 Septiembre de 2022
México.- Un año después de que la Suprema Corte declaró inconstitucional penar el aborto, México ha logrado significativos avances en el tema, pero aún falta que sea accesible en todo el país y que se promuevan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Sin embargo, los avances desde entonces han sido pocos, dijo a Efe Yunuen Castillo Menchaca, especialista en género y derechos Humanos de Coahuila.
«Quisiera decir que ha habido muchos cambios, que vivimos en una sociedad más abierta, que ya son más estados en los que ya se despenaliza el aborto y que no exista esta criminalización de las mujeres que decidimos sobre nuestros cuerpos y que decidimos tener una interrupción legal del embarazo, pero desafortunadamente no es así», lamentó.
Tan solo en 2021, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima aprobaron la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, mientras que Ciudad de México lo hizo en 2007 y Oaxaca en 2019, y a ellos se unió este año Sinaloa (hasta la semana 13) en marzo, Guerrero en mayo y Baja California Sur en junio.
«(Hasta ahora) no son más de 10 entidades todavía en el país en donde está despenalizado el aborto, es decir, todavía hay otros estados en donde las compañeras siguen luchando para que ya no se criminalice», añadió la también integrante de las Constituyentes MX y Red Púrpura Sororidad para Trascender.
CÁRCEL Y CRIMINALIZACIÓN
La activista precisó que pese la resolución de la SCJN, en la realidad las mujeres siguen siendo criminalizadas cuando buscan la interrupción legal de su embarazo, cualquiera que sea el motivo de su decisión.
«Las mujeres vamos a la cárcel por decidir sobre nuestros cuerpos, mientras que hay violadores, acosadores, agresores que andan libres, feminicidas sin recibir absolutamente ningún castigo», explicó.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el 7 de septiembre de 2021 el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, que castigaba el aborto hasta con tres años de prisión, y sentó un precedente para impedir encarcelar a las mujeres que abortan y llevar la interrupción legal del embarazo a cada entidad.