15 agosto 2023
México.- De cara a la sucesión en la rectoría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expertos advierten riesgos de intromisión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que consideran que la autonomía del Consejo Universitario será fundamental para garantizar que haya un proceso transparente e imparcial.
Ayer lunes, la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios abrió el proceso de sucesión y adelantó que el próximo 21 de agosto emitirá la convocatoria para el nombramiento del rector para los próximos cuatro años y que comprende el periodo 2023-2027.
Para el doctor en Ciencias Sociales Alberto Aziz, habrá un proceso muy competido, “pero no conflictivo”, ya que la UNAM cuenta con un mecanismo de sucesión establecido a través de su Junta de Gobierno y el Consejo Universitario, pero no descartó riesgo de intromisión por parte del Presidente.
De acuerdo con la legislación universitaria, se requiere nacionalidad mexicana por nacimiento, ser mayor de 35 años y menor de 70 años, poseer un grado superior al de bachiller, contar con 10 años de servicios docente o de investigación en la Universidad, haberse distinguido en su especialidad y “ser persona honorable y prudente”.
La analista política Arlene Ramírez Uresti recordó que la elección de este año se da en medio de un ambiente político que involucra los comentarios del presidente López Obrador sobre la UNAM, en torno a los indicios de plagio en la tesis de la ministra de la Suprema Corte Yasmin Esquivel Mossa.
“Claro que veo riesgos por todo este conflicto de la tesis; sin embargo, yo creo que la autonomía de la Universidad tiene que prevalecer sobre los tintes y los matices políticos. La comunidad académica merece una elección alejada de estos climas políticos que hay en el país”, detalló.
Hasta ahora se habla de una lista de aspirantes que podría ser de entre 20 y 25 personas; sin embargo, los perfiles de los que más se ha hablado no rebasan una decena.
Destacan Imanol Ordorika, director general de Evaluación Institucional; Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho; Leonardo Lomelí, secretario general; Luis Álvarez Icaza Longoria, secretario admnistrativo; William Lee Alardín, coordinador de Investigación Científica; Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, y Patricia Dolores Dávila, secretaria de Desarrollo Institucional.
Sin embargo, no se destaca el posible interés por parte de exfuncionarios como Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, e incluso del expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello.