Urgen traer ya al ( “distractor”) Lozoya
En lo que parecería ser un nuevo embate contra la propiedad privada, la fracción más radical del lopezobradorismo en el Congreso capitalino, liderada por Valentina Batres y la coordinadora morena Martha Ávila —“tan impresentable una como la otra”, a decir de propios y extraños— insiste en violentar la legislación en materia inmobiliaria para, argumentando la defensa de los derechos humanos del arrendatario de vivienda en la Ciudad de México, dotar a este de “armas legales” para despojar de sus bienes al arrendador.
Luego que hace poco más de un año fracasara en un esfuerzo de reforma en similar o igual sentido —orientado entonces a modificar el artículo 60 constitucional en materia de derechos humanos y garantías—, la iniciativa que ahora pretende imponer la mayoría oficialista, no sólo mereció ya el repudio del sector inmobiliario, sino también, en un singular cierre de filas, el de los principales organismos empresariales cúpula a nivel local y nacional, el Colegio (local) de Notarios, más un sinnúmero de profesionales a título personal y agrupaciones de abogados y especialistas.
Apenas el lunes, por ejemplo, en el marco de un primer foro convocado para avanzar en el análisis de la iniciativa de marras, representantes de unos y otros se pronunciaron en contra, dejando prácticamente solos tanto a Carlos Escoffié, a quien se atribuye la redacción de la reforma, como a Luciano Rangel, de MUP, y al representante vecinal Sergio González, quienes, si bien argumentaron la defensa de los derechos de miles de familias que rentan vivienda y ahora, a causa de la pandemia del covid-19, enfrentan situaciones extremas, fueron incapaces de explicar cómo es que la salvaguarda del derecho de los arrendatarios puede sustentarse en el sacrificio del arrendador, que, merced de la ley en ciernes, podría incluso perder sus bienes.
Como ya en otra ocasión, digamos, la iniciativa que nos ocupa parece estar destinada al fracaso puesto que, la sola pretensión de fijar un mínimo de tres años a los contratos de arrendamiento, la imposibilidad de arrendador de recuperar el inmueble, aun si el arrendatario deja de cubrir la resta respectiva o, en el extremo, la posibilidad de que alguien se posiciones de un terreno o bien inmobiliario sólo por no existir un ocupante y/o el contrato respectivo, suenan a despropósito, independientemente que con ello se intente, como dicen, validar el derecho humano a la vivienda.
ASTERISCOS
* Si bien será la primera ocasión, en 17 años, que ello ocurra en ausencia del Ejecutivo federal, lo cierto es que el arribo de mañana del potosino Juan Manuel Carreras a la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores ha generado toda suerte de expectativas, por el relevante innegable rol que a la misma toca cumplir en el ámbito político y económico nacionales.
* Ahora sí que al más puro estilo: sin aportar pruebas o iniciar acción legal alguna contra supuestos responsables, Andrés Manuel López Obrador vuelve a arremeter contra la industria farmacéutica a la que acusa de corrupción y amenaza denunciar ante la ONU donde, ¡Ops!, uno de los impulsores de ésta, Juan Ramón de la Fuente, despacha como embajador de su gobierno.
Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.