24 abril 2024
México.- Al final, las focas aplaudidoras de la 4T
avalaron el atraco.
Si bien no faltó quien al interior de la (inexistente) Secretaría de la Función Pública, que encabeza Roberto Salcedo Aquino, celebrara que en su más reciente informe sobre el tema la OCDE otorgara a México las más altas calificaciones por contar con normas y disposiciones legales (vigentes) en materia de combate a la corrupción e integridad pública, tales manifestaciones debieron acallarse tras constatar que, en el mismo documento, analistas de la influyente institución lamentaron que aquellas sólo son aplicadas de manera limitada y que en no pocos rubros no es posible acceder siquiera a información oficial confiable sobre el particular…
A finales de marzo último, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico destacó que si bien la legislación nacional sobre el controversial asunto puede ser calificada como la más avanzada a nivel mundial –con 93 puntos de calificación de 100 posibles, igual que Letonia–, ello no se corresponde con la existencia de deficiencias notables de concreción en aspectos tales como evaluación de riesgo de fraude, vigilancia integral de cabildeo y transparencia en declaraciones patrimoniales de funcionarios, entre otros, independientemente del Programa Nacional de Lucha contra la Corrupción e Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública (2019-2024) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En el rubro de gestión y auditoría de riesgo por corrupción, por ejemplo, el informe destaca que el país obtiene una calificación más que aprobatoria de 73% aunque, refiere igualmente, en su implementación aquella cae a 33% o, por lo que hace a “control interno” impulsadas por Función Pública las regulaciones (de México) se encuentran entre las mejores de las naciones integrantes de la OCDE –todas las entidades federales del sector público, incluidas las empresas del estado, bancos y fideicomisos deben rendir informes anuales de manera obligatoria, “sin embargo, los auditores internos no tienen acceso irrestricto al personal político y a la alta dirección”, inhibiendo con ello su adecuada operación–.
Como se ve, entonces, normatividad y disposición anticorrupción sí existen, aunque, a la hora de aplicarlas, éstas tienden a esfumarse…
ASTERISCOS
* Irresponsable y carente de toda seriedad, el intento del inquilino de Palacio de minimizar la detención de que fue víctima su impuesta candidata a sucederle en Motozintla, Chiapas, por encapuchados en un retén ilegal, calificando el hecho como “montaje” de opositores a su gobierno y, en el extremo, culpando de éste a un medio de comunicación y al periodista “causante de sus desvelos”. En fin…
* Obligada a ordenar, en el supuesto de ganar, el tiradero en materia de seguridad que dejaron el impresentable Cuauhtémoc Blanco y cómplices en Morelos, la emergente candidata por Morena al Palacio de Gobierno, Margarita González ofreció crear la inexistente Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mejorar las condiciones laborales de la policía, crear la Policía Estatal de Caminos y más, mucho más. Mjjj…
Veámonos mañana con otro asunto De naturaleza política.