19 noviembre 2023
México.- El titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro, Javier Rodríguez Uribe, dio a conocer que, como resultado de una auditoría especial, se detectaron irregularidades administrativas en el programa municipal “Tu Beca”.
Informó que, por orden del presidente municipal, Luis Nava, el mismo secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez, solicitó en 2021, una auditoría especial al detectar presuntas irregularidades en el programa.
La auditoría especial, en la que se trabajó durante 2022 y 2023, coadyuvando incluso con la Fiscalía Anticorrupción que también ejecutó algunas acciones periciales en contabilidad, concluyó los últimos días del mes de octubre.
Sobre los resultados de esta auditoría, ya fueron notificadas la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación del Órgano Interno de Control, para que continúen las investigaciones, toda vez que también tienen expedientes abiertos por presuntas irregularidades en el programa.
Confirmó que, como resultado de la auditoría especial, se determinó que existieron irregularidades por acciones realizadas de manera incorrecta o por omisiones por parte de servidores públicos, “es decir, cosas que no hicieron los servidores públicos y que se encontraban obligados a realizar”.
“Estas conclusiones sí son de algunas irregularidades administrativas en la concesión de estas becas y son las que estarán siendo investigadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la Dirección de Investigación”, señaló.
Dijo que, por la Ley General de Transparencia, se encuentra impedido para detallar en qué consisten las irregularidades, porque se trata de expedientes abiertos. También dijo no poder compartir a cuánto asciende el daño al erario público, porque es parte de la investigación.
Al menos 15 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, incluido el titular Arturo Torres Gutiérrez, fueron llamados a declarar ante el Órgano Interno de Control, sobre el presunto desvío de recursos en 2021.
Como parte de la investigación, se revisó la documentación de más de nueve mil beneficiarios, y el 100% de los servidores públicos involucrados, fueron llamados a declarar. Advirtió que tal y como lo instruyó el presidente municipal, la administración “no será tapadera de nadie”.
“Esta auditoría es una prueba, que se sumará a muchas otras, para efecto de demostrar esta falta, este manejo irregular, y desde luego también, demostrar qué personas o servidores públicos participaron en estas acciones”, señaló.
Las sanciones para este tipo de acciones, que establece la Ley General de Responsabilidades, contemplan la amonestación, suspensión, inhabilitación, destitución, y algunas otras más; también establece, de qué manera o en qué casos aplicar estas sanciones.
Puntualizó que todavía no se llega a una sentencia, por lo que no se pueden aplicar sanciones, y aclaró que la auditoría no es una afirmación categórica de la irregularidad, “es solo un elemento probatorio desde un enfoque jurídico”, para demostrar la responsabilidad de un servidor público.
Finalmente, dijo que hasta en tanto no exista una sentencia firme, el servidor público involucrado, no puede ser separado de su cargo, porque constituye prejuzgar su responsabilidad, lo cual constitucional por derecho fundamental, está prohibido.