20 Octubre de 2020
México.- México padece «una restricción parcial de la libertad de expresión y prensa» en donde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienden a condicionar estos derechos con efectos negativos para las instituciones mediáticas, los periodistas y la sociedad en general, concluye el Índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa, que fue elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, Estados Unidos.
El estudio, que será presentado esta semana en la 76 Asamblea Anual de la SIP, refleja que México junto con Colombia, Panamá, Honduras, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Ecuador viven una parcial libertad de expresión, mientras que en Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Canadá, Perú, Paraguay y Jamaica hay una baja restricción de estos derechos, en tanto que en Brasil y Bolivia la restricción es alta y en Nicaragua, Cuba y Venezuela prácticamente no existe la libertad de expresión.
El índice, que analizó el periodo entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril pasado, señala que México, con 55 puntos de 100, se ubica en el sitio 11 de los 22 países del continente americano.
El análisis fue elaborado con la opinión de 110 expertos con una muestra de cinco personas por país: un periodista, un editor o director de medio, un académico, un integrante de ONG relacionados con la libertad de expresión y prensa y el vicepresidente regional o un alto representante de la SIP en el país respectivo, sobre las actuaciones del Estado y el impacto en situaciones desfavorables a la libertad de expresión vinculado con el desempeño de los tres poderes de gobierno.
Así, «el panorama en materia de libertad de expresión que presenta el país en el periodo comprendido en este estudio es de retrocesos. Si bien no puede afirmarse que la libertad de expresión esté amordazada, algunas acciones institucionales del Estado mexicano tienden a condicionarla con efectos negativos para las instituciones mediáticas, los periodistas y la sociedad en general.
«El presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado la agenda informativa de los medios de comunicación, con un protagonismo exacerbado, en cuyos discursos los ha estigmatizado y descalificado», señala el documento, mientras que las acciones de los poderes Legislativo y Judicial han sido más omisas que diligentes y se han distinguido por estar alineados al Ejecutivo.
El análisis relativo a una «ciudadanía informada y libre de expresarse» se enmarca en la estrategia de comunicación del gobierno federal que comenzó el 3 de diciembre de 2018, cuando se instituyeron las conferencias «mañaneras» como la principal herramienta de comunicación política del nuevo gobierno.
Empero, dice el estudio, este modelo de comunicación «ha sido usado por el mandatario para enfrentarse con la prensa nacional e internacional, estigmatizándola y descalificándola. Las consecuencias negativas para la ciudadanía se reconocen en la imposición por parte del Ejecutivo de la agenda informativa, en la falta de calidad de la información que comunica, así como en el ambiente de polarización que ha venido construyendo entre el gobierno y la prensa, entre su proyecto de la Cuarta Transformación (4T) y sus críticos en medios de comunicación y redes sociales», señala.
«Un factor que impulsó el incremento de agresiones en la Ciudad de México fue la estigmatización de la prensa por el Estado. Hubo múltiples ataques a periodistas que cubren las conferencias de prensa matutinas del Presidente o que publican artículos críticos sobre la gestión del Ejecutivo», asevera.
El informe critica que el presidente López Obrador «ha decidido neutralizar o anular a cualquiera que busque cuestionar su relato», y cuestiona el control y la polarización registradas durante el último año.