5 Septiembre 2022
México.- En México, una larga lista de delitos no violentos como el robo en viviendas o de combustible es causa de prisión preventiva en automático, donde no hay posibilidad de fianza ni arresto domiciliario.
Se prevé que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie pronto sobre esta figura legal, de la que algunos magistrados sostienen que viola los tratados internacionales que establecen que la prisión preventiva debe utilizarse sólo en casos «excepcionales» para evitar que los sospechosos huyan de la justicia.
Las personas acusadas de asesinato y otros delitos violentos rara vez quedan en libertad bajo fianza en cualquier parte del mundo. Pero en México, la lista de cargos que permiten detener a un sospechoso que espera un juicio ha aumentado a 16, entre ellos abuso de autoridad, corrupción y delitos electorales.
Sin embargo, aproximadamente sólo dos de cada 10 personas acusadas de un delito en México son declaradas culpables. Eso significa que, de los 92.000 sospechosos que se calcula están ahora en las celdas a la espera de un juicio, a menudo junto con criminales endurecidos, unos 75.000 pasarán años encerrados en las hacinadas y peligrosas prisiones del país, con pocas probabilidades de ser declarados culpables.
Los juicios en México pueden alargarse por un tiempo sorprendentemente largo. Hace poco, dos hombres fueron liberados con tobilleras electrónicas después de pasar 17 años en prisión mientras eran juzgados por asesinato. Extrañamente, ahora que han sido declarados culpables, los dos están en libertad mientras presentan apelaciones.
Uno de ellos, Daniel García Rodríguez, dijo: «Nos preocupa también que casi 100.000 mexicanos se encuentran en prisión preventiva sin sentencias. Ellos y sus familias son en su mayoría pobres, y la prisión preventiva los ha ubicado en una condición de más vulnerabilidad».
Todo ello hace que muchos inocentes pasen años en prisión. Los activistas dicen que un número cada vez mayor de mexicanos se ven obligados a optar por una forma de negociación de los cargos, simplemente porque es probable que pasen más tiempo en una celda tratando de limpiar sus nombres que el que pasarían si fueran declarados culpables.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ampliado el número de delitos que se consideran no aptos para obtener una fianza y ha pedido públicamente a la Suprema Corte que no libere a más personas que están esperando un juicio.