3 junio 2024
México.- Con todo y sus sucias maniobras, urnas llenas.
Al margen que en las próximas horas, días, autoridades federales y estatales confirmen conteos reportados inicialmente por encuestas de salida no oficiales y el avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), esclarezcan una larga lista de excesos imputables igual a candidatos que a funcionarios de los distintos gobiernos durante el proceso –en embajadas de España, París y Estados Unidos inclusive– y queden atrás festejos adelantados por supuestos o reales triunfos, lo cierto es que el futuro de la democracia en México continuará en vilo –“en grave riesgo”, dirían analistas y especialistas– a causa del ilegal proceder exhibido por no pocos de los participantes en la contienda.
Esto porque, si bien es verdad que el ánimo mostrado por quienes de manera inusual abarrotaron las urnas y dieron forma a una participación que ya algunos califican como “récord”, también lo es la cantidad de reportes de amenazas, destrucción y cierre de casillas y material electoral o, en el extremo, de amenazas directas a la población con intención de condicionar e inhibir su voto en favor de uno u otro candidato, o actos de violencia criminal inducidos que, según reportes iniciales, derivaron en la pérdida de la vida y lesiones de consideración en al menos media docena de mexicanos, lo que a todas luces resulta inaceptable.
Afirmar que el proceso se llevó a término sin incidentes violentos mayores es verdad, insistamos, como también lo fueron los excesos de manipulación por parte del partido del gobierno, Morena y sus aliados parásitos del Verde Ecologista (PVEM) y del Trabajo (PT), que está documentado que, al más puro estilo, entregaban dinero en las inmediaciones de las casillas a quienes habían sufragado en su favor o en contrario, los señalamientos públicos, a gritos, que ciudadanos presumiblemente molestos con la 4T y/o afines a la coalición opositora y su candidata enderezaron contra personajes cercanos o afines al lopezobradorismo: el impresentable exministro Arturo Zaldívar a quien acusaron de “vendido”, la “corrupta” Rocío Nahle, el propio esquirol Jorge Álvarez Máynez, a la propia Claudia Sheinbaum, a quien exigieron retirarse de la casilla en Tlalpan, a Pedro Kumamoto, Miguel Torruco, al gobernador Rutilio Escandón, a Rommel Pacheco y más, muchos más…
De cara a todo lo anterior, entonces es que es dable asegurar que toca ahora a las autoridades electorales, al Instituto Nacional Electoral (INE), de la (casi) morena Guadalupe Taddei, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de Mónica Aralí Soto, posteriormente, asumir la tarea de calificar la elección a unos y validar lo realizado por ellos al Tribunal que, en su caso, se constituirá en la última instancia en emitir una opinión sobre el proceso. El camino, pues, aún es largo y más, déjeme insistir, cuando no son escasas las voces que desde ya refieren a la eventual “judicialización” del proceso federal, tanto de la elección presidencial como de la del Congreso, por ejemplo, o más aún, de un sinnúmero de estatales o municipales, en las que el cúmulo de inconformidades y protestas apenas está por manifestarse…