Lunes 1 de Marzo de 2021
“Ya no hay masacres”: ayer, 11 muertos y 10 heridos.
A contrapelo de su reiterado compromiso de privilegiar políticas orientadas a conservar las fuentes de trabajo y mejorar las condiciones de empleo, lo único cierto hoy es que la “cancelación selectiva” de plazas en las dependencias del gobierno federal, iniciada desde el arranque del actual sexenio, y la imposición de términos de contratación “no idóneas”, continúan siendo una constante.
Un día sí y el otro también se conocen historias de cómo, igual al interior de entidades de primer nivel, como sería el Instituto de Salud para el Bienestar, que encabeza el “arqueólogo” Juan Antonio Ferrer, que en otras que pudieran no serlo, como la Fonoteca Nacional a cargo de Pável Granados Chaparro, el maltrato de grupos específicos de empleados y la aplicación de políticas laborales supuestamente ajenas al gobierno de la 4T siguen siendo una práctica común, independientemente de la denuncia que de tales situaciones han hecho los implicados y, sin duda, sus ignoradas peticiones de auxilio a las instancias superiores del poder federal.
En la Fonoteca, por ejemplo, apenas al cierre de diciembre, algo así como un centenar de trabajadores, de los 120 con que cuenta la entidad, contratados bajo la figura de “prestador de servicios” —sin certeza laboral o prestación alguna; vacaciones, aguinaldo, seguridad social, etc.— debió aceptar ser recontratado a cambio de ver reducirse su ingreso de suyo exiguo y, claro, como se establece en el llamado capítulo 3000 y muchos de ellos lo han hecho desde años anteriores, asumir que laborarán el año completo… ¡pero sólo cobrarán el equivalente a diez meses! A nadie extrañe, entonces, el reiterado reclamo de “trabajar en condiciones de dignidad” de los afectados.
Por lo que se refiere a la instancia que suplió al supuestamente ineficiente Seguro Popular, el Insabi, una treintena de sus trabajadores adscritos al Servicio Profesional de Carrera ven cómo sus posiciones en áreas especializadas, como Finanzas o Laboral, penden hoy, literal, “de un hilo”, dado que ni el director ni ningún otro de sus subordinados más directos parece mostrar interés en saber la razón por la que aquellos dejaron de recibir su ingreso mensual y, menos, en buscar la solución al problema.
A la vista situaciones de injusticia e indignidad laboral como las que se mencionan, es que no pocos urgen hoy al gobierno central y a las instancias responsables de su política laboral en concreto a honrar su compromiso de erradicar tales prácticas y respetar derechos adquiridos, amén de garantizar que las mismas pasarán a formar parte del largo listado de excesos y/o arbitrariedades que se comprometieron a dejar atrás. Veremos…
asteriscos
* En contraste del sí “condicionado” de la Alianza Federalista a signar un pacto para garantizar legalidad y transparencia electoral, los gobernadores de Puebla (Miguel Barbosa), Tabasco (Adán A. López), Chiapas (Rutilio Escandón), Veracruz (Cuitláhuac García) y, claro, Claudia Sheinbaum, atendieron al llamado —orden— para hacerlo (pero) ¡en los términos definidos en Palacio! Baja California y Morelos, quizá por pena, lo hicieron a distancia…
Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política.