22 octubre 2023
México.- El Presidente se ha empeñado en hacer creer a todos que no son iguales.
Para frenar migración y a cárteles locales, 13 mil millones de dólares.
Si bien es verdad aquello de que del dicho al hecho hay mucho trecho… lo cierto es que las denuncias sobre eventuales casos de supuesta o real corrupción y consecuente impunidad protagonizados por funcionarios del más alto nivel del gobierno de la 4T, familiares de Andrés Manuel López Obrador algunos de ellos, no sólo no contradice la popular conseja, sino que además como asegura un clásico contemporáneo, le viene “como anillo al dedo”….
Y esto, porque si bien desde el púlpito mañanero el tabasqueño se ha empeñado en hacer creer a todos aquello de que “nosotros no somos iguales”, lo verdaderamente innegable es que ante el incesante cúmulo de denuncias sobre el punto, más que convencer sobre ello tiende a imponer la reveladora frase de “la corrupción somos todos” en que apenas iniciar su gestión al frente del Ejecutivo, la picardía nacional tradujo el creativo lema de campaña de su innombrable antecesor José López Portillo (1976-1982), sucesor a su vez del populista-socialista Luis Echeverría Álvarez.
Apenas el pasado jueves, en efecto, en medio del enfrentamiento entre los coordinadores Ignacio Mier Velazco del lopezobradorismo y Jorge Romero Herrera (cacique) del blanquiazul, el tema se tornó en abierta confrontación entre las focas aplaudidoras de Morena y aliados en San Lázaro, y legisladores de la oposición tripartidista que, encabezados por la panista mexiquense Ali Sayuri Núñez Meneses, en esta ocasión, no dudó en acusar de corrupción a la familia del Presidente: igual a sus hijos José Ramón (“consiguió una mujer para disfrazar beneficios que obtiene de proveedores de Pemex”) y Andrés (“coloca a sus cuates en puestos clave y hace millonarios negocios”), que a sus hermanos Pío y Martín, a quienes recordó recabando decenas, cientos de miles de pesos en efectivo “en apoyo del movimiento” o a un par más de sus primas.
Lo anterior, coincidentemente, al tiempo que en la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria, el fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda debió aceptar dejar temporalmente su cargo para enfrentar una orden de aprehensión supuestamente girada en su contra por “órdenes” del impresentable Américo Villarreal, gobernador, por haberse atrevido a exigir el desafuero de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina de López Obrador, luego que ésta fuera exhibida a través de un video difundido vía redes sociales, cuando pedía moches a proveedores. En fin…
Parecería pues que al paso de los días y semanas, al tiempo que se acerque el final de la actual administración federal, debates como el que nos ocupa ahora se multiplicarán y darán paso a señalamientos específicos y demandas judiciales formales, incluso, como parte de lo que no pocos identifican como un necesario, incuestionable y urgente ajuste de cuentas con quienes, de manera impune e ignorando la ley, en no pocos casos, han arrasado con cuanta institución oficial y órganos autónomos —el permanente y aún inacabado embate contra el Inai es un caso más que revelador, o el del Poder Judicial renuente a aceptar las consignas del Ejecutivo— han encontrado a su paso…
Veámonos aquí mañana con otro asunto De naturaleza política.