12 de septiembre de 2018
A la vista la próxima administración sexenal que, entre otras de sus múltiples banderas, enarbola la de la austeridad y la transparencia, amén del óptimo manejo de los recursos con miras a posibilitar el financiamiento de una nueva refinería, el Tren Maya y más, a no pocos ha llamado la atención cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Luis María Aguilar Morales, apresura la adjudicación de contratos millonarios que, en la práctica, comprometen recursos presupuestales aún no obtenidos.
En junio pasado apenas, previa la realización de los comicios en que de manera arrolladora triunfaron el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y Morena, su partido, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó la contratación de los denominados Servicios Administrados y Extendidos de la Red Privada Virtual (SAREPV), la Red Nacional WAN, dicen, por un monto de 2,406.6 millones de pesos a ser ejercidos, sorpréndase, ¡entre 2019 y 2022!
A la vista el procedimiento utilizado para ello, no han sido pocas las empresas de tecnología que, de manera airada, han reaccionado señalando que se ha tratado a un solo proveedor, Cisco presumiblemente, y denunciando como probable responsable del “desorden” a un personaje de nombre Roberto Genaro García y Escobar, presunto amigo y colaborador del ministro Aguilar Morales, y que en el directorio de la propia Corte aparece como “Asesor I” de la secretaría general de la Presidencia.
Tal ha sido el malestar de los consorcios citados que, incluso, han logrado investigar que el referido García y Escobar ya había sido denunciado en medios por su aparente intervención en éste y otros contratos de tecnología con miras a favorecer a proveedores específicos.
No parece ocioso, ante lo señalado, sugerir a la Corte como tal y, en particular, a la Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura Federal, transparentar operaciones como las mencionadas pues, a decir verdad, no parece sea ésta la mejor manera de actuar cuando, a nivel país, son incontables los funcionarios que un día sí y otro también evidencian su preocupación ante la reducción de salario y prestaciones anunciado por la próxima administración y, por otra parte, se debate la sobrevivencia de proyectos de gran relevancia para el país, como son el Nuevo Aeropuerto Internacional de México o, por sólo citar otro caso, el llamado Tren Suburbano.
Ahora sí que, perdón, el llamado a la austeridad y la transparencia es para todos, particularmente para quienes mayor responsabilidad tienen en la inducción del cumplimiento de la ley.
Asteriscos
* Lo dicho: (Ricardo) “¡Anaya vive!”… en la persona ahora (y por tres años más) del anayismo irredento liderado por el gris-gris Marko Cortés Mendoza y, digámoslo claro, gracias al apoyo del anayismo funcional representado por gobernadores electos y en funciones, nueve, (de extracción panista) incapaces de hacer valer su fuerza y capacidad para impulsar la urgente refundación de Acción Nacional. Pobre PAN…
* De concretarse, al menos en parte, lo afirmado ayer por Ricardo Monreal Ávilarespecto de que “no existe posibilidad alguna de que Andrés Manuel López Obrador perdone desvíos millonarios”, como el de 700 millones de pesos denunciado en Sedesol y Sedatu, el ajuste de cuentas del próximo gobierno —¡que lo habrá…!— tendrá en la experredista Rosario Robles Berlanga su primer objetivo…
* De no ocurrir nada extraordinario que lo impida, por cierto, será el general en retiro Audomaro Martínez Zapata quien, apenas constituirse la Agencia de Inteligencia Nacional —presumiblemente el 1 de diciembre— que asumirá las funciones del actual Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), estará sí, bajo las órdenes del titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo pero, puede usted apostar, reportará directamente al Presidente.
Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.
Twitter: @EnriqueArandaP