12 de junio de 2017
Al margen del formal arranque de los procesos de impugnación del resultado de los comicios del domingo 4 que, prácticamente al alimón, anunciaron presentar Acción Nacional y Morena en Coahuila y el Estado de México; del previsiblemente irrelevante final de los mismos incluso, lo cierto es que lo ocurrido en los últimos días, los posicionamientos de las dirigencias partidistas en particular, vuelven a poner en evidencia las deficiencias e imperfecciones de nuestra legislación electoral, y de nuestros políticos.
Una legislación claramente insuficiente sí que, huelga advertir, será la que norme las próximas presidenciales de 2018 que, desde ya, se vislumbran como las más competidas y conflictivas en la historia moderna… que, a la vista de lo ocurrido en las pasadas elecciones estatales, bien podrían arrastrar al país a escenarios de confrontación (social) que nadie desea y a nadie beneficiarían.
¿Por qué esto?, porque ni la ley ni los protagonistas de los procesos parecen estar listos para ajustar su actuación a mínimos éticos y morales, que les impidan romper reglas de juego previamente consensuadas: controlar el excesivo e ilegal dispendio de recursos, evitar incurrir en el habitual clientelismo electoral y compra de votos, en el acarreo a las urnas y más… y, en consecuencia, ni la una ni los otros abonan a la credibilidad de los comicios y sus resultados pues, como bien señala el doctor Luis Carlos Ugalde, expresidente del (entonces) Instituto Federal Electoral, (todos) “participan buscando ganar y, cuando pierden, impugnan”, habitualmente sin pruebas (pues no es fácil recabar evidencias sobre comisión de ilícitos como los citados) y ello, a su vez, propicia que las instancias locales o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su caso, desechen procesos como los ahora iniciados por el lopezobradorismo en el Edomex y de “todos contra el ganador” en Coahuila.
Ello, obvio, amén del incuestionable problema que implica el que, en buena medida a consecuencia de la norma y por el hartazgo social respecto de la clase política y sus excesos —sin distingos de partido o color, ciertamente— tienda a reforzarse la tendencia a que los gobiernos de cualquier nivel, el federal de manera evidente, sean elegidos por un sector cada vez menos relevante de la población —entre 15 y 18% en el caso de los tres últimos estatales, por ejemplo— poniendo en entredicho su legitimidad y, peor, su capacidad para garantizar niveles de gobernabilidad mínima… como, presuntamente, asegura nuestra “deficiente, imperfecta e insuficiente” ley electoral.
La pregunta entonces parece ser sólo una: ¿Iremos al 2018 con la actual legislación electoral o, merced al consenso responsable, estrenaremos nuevas reglas?, porque, mire usted, apostar a que la clase política cambiará, es casi un sueño imposible…
ASTERISCOS
* Ayer por cierto, en un claro mensaje a quienes se muestran inconformes con los resultados electorales, el mandamás en la fracción senatorial del tricolor, Emilio Gamboa, reiteró el rechazo priista a que un eventual periodo extraordinario del Congreso sea utilizado “como rehén de los comicios u objeto de canje o condicionamiento”…
* Punto a favor de la Secretaría de Marina, de Francisco Soberón, la transferencia de la totalidad de los recursos humanos, materiales y presupuestales de las 103 capitanías de puerto a la Semar, con lo que se consolida a ésta, en forma exclusiva, como autoridad marítima nacional. El almirante José Luis Vergara y su homólogo en SCT, Rodrigo Ramírez, signaron las actas correspondientes.
* En Ciudad del Vaticano, en el Palacio Apostólico, el Papa Francisco recibió en audiencia privada a Héctor Sulaimán, representante en México de Scholas Ocurrentes, que presentó al Pontífice un informe detallado sobre los avances que muestra la iniciativa papal, a un año de haber iniciado actividades. Bien…
Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política.
Twitter: @EnriqueArandaP
